Policías regularán caponeras a partir de marzo de 2023

La Policía del régimen, el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (IRTRAMMA) y las alcaldías de todo el país se preparan para regular la circulación de las mototaxis, conocidas popularmente como caponeras. La medida entrará en vigor a partir de marzo con la publicación de la normativa nacional para este tipo de medios de transporte, según medios oficialistas.

Las intensiones de regular el servicio de caponeras fue anunciado por la vicepresidenta Rosario Murillo el seis de enero pasado. La codictadora dijo en ese momento que la la institución cuenta con un plan para ordenar el servicio de mototaxis. La capital es habitada por más de 1,6 millones de personas y el sistema de transporte es deficiente.

El «Plan nacional de circulación segura de conductores y pasajeros de caponera» busca mejorar la seguridad vial para «proteger la vida e integridad física de conductores y pasajeros de caponeras originales y adaptadas, así como de los demás usuarios de la vía pública, en el territorio nacional».

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El comisionado general Vladimir Cerda, jefe de protección y seguridad ciudadana, dijo este viernes, 24 de febrero, que a la fecha han contabilizado 24,207 unidades de caponeras en todo el país, un inventario que actualizan con ayuda de las alcaldías sandinistas y el IRTRAMMA.

En su afán por controlar a ese sector informal, la Policía ha realizado un inventario de las unidades, se capacitaron en 95 talleres a 12,280 propietarios y conductores de caponeras, se organizaron 77 asambleas con los dueños de esos vehículos e hicieron alianzas con la Central de Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP), el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y la Brigada Carlos Fonseca Amador. 

Usadas como «brazo político»

Un expresidente de sindicato de mototaxis en Managua dijo a Artículo 66, bajo anonimato, que el Frente Sandinista usa a las caponeras como un «brazo político» en los barrios para sus eventos proselitistas. «Los obligan a ir a marchas partidarias, a las caravanas, quieren ampliar su control», afirmó.

«Las usan para acarrear a su gente a sus actividades, a la verificación en tiempos de las votaciones y en el día de las elecciones, los obligan a participar en sus actos políticos. Son amenazados con quitarles los permisos si se niegan a asistir a los eventos partidarios», añadió

La fuente explicó que las caponeras son parte de sindicatos, pero no de cooperativas y que están afiliadas al FNT y pagan una cuota para operar. «Con esas amenazas los mantienen controlados y quieren ampliar eso», concluyó.