La mañana de este martes, 21 de febrero, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitó pronunciarse acerca del destierro y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a 222 opositores, que el nueve de febrero fueron liberados de «las garras» del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«¡Vamos a desayunar ya! Mañana hablamos, contestamos sobre ese tema», dijo el jefe de Estado de México, al ser consultado por un periodista sobre su posición en torno a la situación de Nicaragua y terminando de esta manera con la conferencia matutina desde el Palacio Nacional.
«¿Condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses y les ofrecería la nacionalidad mexicana?», fue la pregunta que realizó Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula, a López Obrador.
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El gobierno de AMLO se ha mostrado cercano al régimen orteguista y han sido pocas las ocasiones en las que se ha pronunciado acerca de la violación a derechos humanos en Nicaragua. Además, el presidente mexicano al ser consultado por la situación de Nicaragua usualmente sostiene su «ideal» de «no injerencia» en los asuntos internos de los países.
Por su parte, un grupo de 22 expresidentes de Iberoamérica, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las América (IDEA), lamentó el «silencio» de AMLO ante las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses ejercida por la dictadura de Ortega y Murillo.
«A los integrantes del Grupo IDEA nos preocupa que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, dejando de lado su repetido principio de la no intervención acuse de espurio al gobierno democrático y provisional del Perú para evitar transferirle la presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico, mientras calla ante el ejercicio y las violaciones de derechos humanos perpetradas por la pareja Ortega-Murillo, en Nicaragua», reza el comunicado oficial de IDEA.
Las últimas acciones de la dictadura de Nicaragua han sido el destierro de 222 personas presas políticas, entre ellas cinco sandinistas caídos en desgracia y luego retiró la nacionalidad a 94 nicaragüenses y la confiscación de sus bienes, la mayoría de los nuevos apátridas están en el exilio.
Nicaragua vive una crisis social, política, económica y de derechos humanos desde abril de 2018 cuando inició una revuelta cívica que el régimen ordenó reprimir. Dicha decisión dejó a 355 personas muertas, según los datos actualizados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), todos los crímenes siguen impunes.