Luis Carrión Cruz es uno de los 94 nicaragüenses a los que Daniel Ortega le arrebató la nacionalidad el pasado 15 de febrero. El opositor forma parte de los nueve comandantes de la Revolución Popular Sandinista que acabó con la dictadura somocista en 1979. Tras quedar apátrida, Carrión asegura que los traidores a la patria son los Ortega-Murillo.
La justicia del régimen declaró a Carrión Cruz «traidor a la patria» y ordenó el despojo de su nacionalidad nicaragüense amparándose en la Ley 1145, una ley que aprobó la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, para quitar la ciudadania a los opositores. El miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) respondió a la dictadura en su cuenta de Twitter.
«Traidores a la patria son los ORMU que proscriben la bandera nacional; asesinan, agreden, encarcelan y acosan a quienes la enarbolaron con orgullo; violan la Constitución; han robado elecciones y millones de dólares; traicionaron los principios que proclamaban; encarcelan a sacerdotes y obispos y persiguen a la Iglesia católica», escribió el nuevo apátrida en su cuenta de la red social.
El opositor señala que la dictadura de los Ortega Murillo ha convertido al país en una «cárcel donde se violan todos los días las leyes y los derechos humanos». Además, acusa a la pareja presidencial de haber «confiscado la soberanía popular, base de la soberanía nacional».
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Carrión es parte de los 317 nicaragüenses a los que se les despojó de la nacionalidad, este es el nuevo método de represión contra las voces disidentes en la deriva autoritaria del régimen dictatorial de Nicaragua. Primero fueron 222 personas presas políticas desterradas a Estados Unidos el nueve de febrero; el 10 febrero condenaron a 26 años de cárcel el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez y le quitaron la nacionalidad.
Luego, el 15 de febrero, fueron 94 personas, entre periodistas, activistas, opositores, defensores de derechos humanos, estudiantes, exfuncionarios del régimen y exdiplomáticos, a quienes les arrebataron sus derechos civiles y políticos sin someterlos a un juicio. A las 317 personas les serán confiscados todos sus bienes.
«Son usurpadores, farsantes que más temprano que tarde pagarán por sus crímenes», concluye el disidente sandinista que actualmente está en el exilio en Costa Rica.