La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició este viernes la toma arbitraria e ilegal de las propiedades de los nicaragüenses despojados de su nacionalidad. La periodista Sofía Montenegro, las opositoras Azahálea Solís e Irlanda Jerez, son las primeras que han confirmado a diferentes medios nacionales la toma de sus viviendas.
La Prensa informó que conoce de otros casos de allanamientos de viviendas, pero estas personas han preferido no denunciar el hecho por temor a represalias en contra de sus familiares.
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El Gobierno de Pedro Sánchez extendió su oferta de nacionalidad española a los otros 94 nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró «apátridas».
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, le comunicó la decisión al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien reside en el país europeo y fue incluido en la lista de Ortega como supuesto «traidor de la patria» y «prófugo de la justicia». Ramírez, a su vez, se dirigió por carta al presidente de España, Pedro Sánchez. El régimen Ortega-Murillo les ha arrebatado la nacionalidad nicaragüense a 317 ciudadanos.
Humberto Ortega, exjefe del Ejército de Nicaragua y hermano del dictador Daniel Ortega, aseguró que el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez tendrá un «impacto político» para el gobierno de Nicaragua.
El exmilitar brindó las declaraciones al periodista Andrés Oppenheimer. En un adelanto de la entrevista, que se transmitirá completa el próximo domingo, Humberto Ortega sostuvo que el gobierno nicaragüense respondió de manera «precipitada» en contra de monseñor, luego que el líder religioso se negara a salir del país.
El jurista Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, uno de los 94 despojados de la nacionalidad nicaragüense por el régimen Ortega Murillo, solicitó al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que su país «desconozca» lo actuado por la justicia de la dictadura del país centroamericano.
El abogado explicó que es residente permanente en el país azteca desde el año 2014, hijo de padres nicaragüenses y que nació en el territorio nacional, por tanto la Constitución Política lo protege y no puede ser despojado de su nacionalidad.
Por su parte, el defensor de derechos humanos Danny Ramírez-Ayérdiz, también incluido en la lista de apátridas, denunciará su situación ante a Daniel Ortega, Rosario Murillo y a los funcionarios judiciales ante el Juzgado Nacional Penal 4 de Argentina, que lleva la causa por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicaragua.
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La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica anunció que solicitará una «adición y aclaración» a la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el fallo a favor de un periodista nicaragüense que interpuso un recurso habeas corpus en contra de los decretos presidenciales sobre los procesos de refugio en ese país.
Un Decreto Ejecutivo del presidente Rodrigo Chaves restringió cualquier viaje de las personas solicitantes de refugio mientras su caso está en trámite.
Los magistrados consideran que en el caso del periodista, quien tuvo que salir de ese país para una capacitación, existió una «limitación arbitraria» a su derecho de tránsito por parte de la Unidad de Refugio de Costa Rica, cuando se denegó la posibilidad de salida del país por su condición de solicitante de refugio.