El Gobierno de Colombia expresó su preocupación por la reciente arremetida de Daniel Ortega, quien aplicó de manera arbitraria una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua para cancelar la nacionalidad a 317 nicaragüenses.
«El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sigue con atención las decisiones del Gobierno de la República de Nicaragua con respecto a un importante grupo de personas detenidas en ese país», expresó este viernes, 17 de febrero, la administración del presidente Gustavo Petro, a través de un comunicado de prensa.
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Para Colombia, la decisión del régimen de Nicaragua de liberar al menos a 222 presos políticos y trasladarlos a Estados Unidos, es un «paso importante para el diálogo nacional (…)».
Sin embargó, dijo «lamentar» la iniciativa gubernamental de promover en la Asamblea Nacional —controlada por la aplanadora de diputados sandinistas— la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad, «como resultado de la cual se retiró la nacionalidad nicaragüense a los 222 ciudadanos excarcelados».
En cuanto al despojó de la nacionalidad —el 15 de febrero— a otros 94 nicaragüenses, ejecutada a través del Poder Judicial, y que incluye entre los nuevos «apátridas» a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, exfuncionarios del régimen y opositores, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano afirmó estar preocupado por la decisión. Días atrás, la dictadura despojó de su nacionalidad al obispo Rolando Álvarez, a quien tiene encarcelado en «La Modelo».
«Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte», señaló Colombia.
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Ante estas disposiciones de la dictadura de Nicaragua, el Gobierno colombiano hizo un llamado a generar «medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense».
En menos de 10 días, la justicia de Nicaragua ha quitado la nacionalidad a un total de 317 ciudadanos, también se ordenó la confiscación de «todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritos a su favor, ya sea a título personal o de personas jurídicas o sociedades en las que participen como socios, para responder por los delitos cometidos».
La resolución leída por el juez Ernesto Rodríguez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, señala que «… ténganse a los acusados como traidores a la Patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente».
«Sorprendente ridiculez»
Por su parte, el abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, a quien el régimen nicaragüense incluyó en la lista de desterrados, refirió que lo «sorprendente» de las «ridiculeces» en las que son sometidos los jueces y magistrados de la dictadura, es que «hacen una simulación de proceso, creyendo que con solo el hecho de vestir una toga, esas decisiones tienen algún tipo de apariencia de legalidad o legitimidad».
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«Tanto ellos como yo hemos sido trabajadores del Poder Judicial y sabemos cómo se hacen las cosas (…) pero se siguen enredando en su propia telaraña y siguen construyendo su propio futuro, porque de estos tendrán que dar cuenta algún día», señaló el exfuncionario.
El jurista explicó que tras la reforma al artículo 21 de la Constitución Política, en la que se abre la puerta para que a ciudadanos se les retire la ciudadanía, los magistrados olvidaron reformar o derogar el artículo 20 de la misma Constitución «que dice que los ciudadanos nicaragüenses no podemos perder la ciudadanía».
En cuanto a la vigencia de la reforma articulo 21, el abogado recalcó que debió ser aplicada luego de la discusión en una segunda legislatura, sin embargo el régimen la comenzó a implementar de forma expedita sin haber sido aprobada, por lo que considera que no tiene validez.
Pese a que Ortega ha declarado «apátridas» a los más de 300 ciudadanos, la mayoría de los afectados ha afirmado a través de sus distintos espacios en las redes sociales sentirse «más nicaragüenses que nunca».