Defensoras de derechos humanos coinciden que el ambiente de represión y persecución contra los sacerdotes, obispos y laicos en Nicaragua, obligó a los nuevos sacerdotes a pedir su «excardinación» para no ejercer su labor pastoral en el país, sino en sus naciones de origen.
El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, informó ayer, durante la misa dominical, que un grupo de diáconos extranjeros que fueron ordenados sacerdotes le solicitaron no servir en Nicaragua, sino que retornarán a sus países.
La doctora Vila Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), considera que la petición de estos nuevos sacerdotes «está fundamentada en el deseo expreso de estas personas que no quieren de ninguna manera correr ningún riesgo ni que su vida, su seguridad y su ejercicio religioso, su libertad de expresión, culto y conciencia se ve afectado en un país donde se ha vuelto una amenaza (ser sacerdote)».
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«Es algo terrible que deja ante el mundo desnudo completamente las características perversas, represivas y persecutorias del régimen Ortega Murillo. Como nicaragüense (da) vergüenza ajena. Ya no pueden decir que son inventos de los periodistas, de los minúsculos, de la gente que quiere perjudicar al gobierno, lo que está pasando», afirmó la defensora de derechos humanos.
Contexto de represión
La abogada, defensora de derechos humanos e investigadora, Martha Patricia Molina, dijo a Artículo 66, que los nuevos sacerdotes conocen el contexto que vive el país y »saben que tarde o temprano la dictadura los obligará a salir». Aseguró que nadie está seguro en Nicaragua y menos los religiosos.
Núñez indicó que los mismos sacerdotes «tienen temor de verse afectados en sus libertades, en su ejercicio pastoral que están diciendo, con su petición, “esto aquí es inaguantable, aquí hay mucho riesgo, yo no quiero estar aquí”», afirmó.
«Nadie puede poner en duda esta demanda de los ordenados sacerdotes porque lo dijo el mismo cardenal (Leopoldo) Brenes que ha estado callado frente a todos los otros atropellos que se han dado», agregó.
Destierro a otro sacerdote
Ayer, 29 de enero, trascendió que la dictadura de Nicaragua obligó al exilio a monseñor Rodrigo Urbina Vivas al no autorizar su regreso al país. El párroco de la iglesia San Juan Bautista de Sutiaba, perteneciente a la Diócesis de León y Chinandega, se disponía a volver de un viaje a Miami, Estados Unidos.
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Cuando el religioso estaba en el aeropuerto la aerolínea le informó que Nicaragua no había permitido su ingreso al país y que no podía abordar el avión con destino a Managua.
La doctora Vilma Núñez considera que esta acción de la dictadura es parte de la persecución religiosa contra la Iglesia católica y que «independiente de cómo piense el sacerdote y de sus antecedentes o cargos dentro de la Iglesia, se trata de un nicaragüense que le están desterrando del país».
«(Le están) violando su derecho a la libertad de movilización, a impedirle su derecho de entrar y salir de su país en el momento que quiera y desee. Se trata de un ciudadano nicaragüense a quien se le está negando el derecho a vivir y movilizarse de su propio país», afirmó.
La investigadora Molina mencionó que obligar al destierro a cualquier persona es una grave vulneración de los derechos humanos. Dijo que la Constitución Política de Nicaragua garantiza la entrada y salida de los nacionales libremente.
«Me encuentro realizando la tercera entrega de “Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?” y es evidente que este año será más nefasto que el anterior que cerró con 140 agresiones. La dictadura no está proporcionando tregua alguna a los religiosos», manifestó.
Núñez destacó que se trata de un sacerdote, encargado de una iglesia, que está en funciones al servicio de la ciudad de León. Además, que es un atropello más que se ubica dentro de las arbitrariedades que impulsa el régimen de Daniel Ortega y que afecta principalmente el ejercicio de su fe cristiana y «atenta» contra la Iglesia misma. «Condenamos esta arremetida sin limites que se está ejecutando», resaltó.
El país que atraviesa una crisis sociopolítica desde 2018, en la que más de una decena de religiosos han sido arrestados y más de 55 han optado por el exilio, según un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Las diferencias entre los católicos y Ortega se agudizaron en 2018, cuando los religiosos abrieron sus puertas a manifestantes antigubernamentales que huían de ataques armados de policías y paramilitares, en el estallido social más grande del país en casi medio siglo.
