La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó sobre el «recrudecimiento de los conflictos» por la invasión de colonos a territorios de las comunidades indígenas en el Caribe Norte de Nicaragua, denuncia que ya fue hecha pública por Prilaka Community Foundation desde el 18 de enero pasado.
La organización caribeña informó que el 2023 ha iniciado con la misma tendencia de «avance violento de las invasiones en los territorios indígenas».
Prilaka informó que en el territorio de Wangki Twi Tasba Raya se llevan a cabo acciones que buscan el desplazamiento forzoso de la comunidad de Polo Lakia Sirpi, y en las comunidades de Francia Sirpi, Santa Clara y Wisconsin «hay acciones de unos pocos actores comunitarios con vínculos políticos que buscan imponer el arrendamiento y ventas ilegales de tierra».
La dependencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamó al Estado de Nicaragua a proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas ante esta nueva denuncia de la invasión de colonos.
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«OACNUDH está recibiendo información de un recrudecimiento de los conflictos por la tierra y el territorio en la Costa Caribe Norte y de tensiones en comunidades indígenas por la presencia de colonos», escribió la oficina de la ONU en su cuenta de Twitter.
La situación en el territorio indígena de Twi Yahbra se ha tensado a tal punto, que el pasado 17 de enero hubo un enfrentamiento entre colonos y los lugareños que dejó como saldo a un colono muerto y un comunitario herido tras la invasión de las áreas de cultivo.
«En el territorio de Mayangna Sauni As hay una grave situación de tensión por los conflictos de propiedad. Los comunitarios no pueden salir a sus parcelas a cosechar la producción de frijoles del ciclo de apante 2022 – 2023. Y hay amenazas de ataques a las comunidades», señaló Prilaka ayer, 24 de enero.
La organización reveló que hay muchas acciones de invasión que ocurren a diario de manera «silenciosa, clandestina», desde nuevos carriles, nuevas incursiones, nuevos despales, nuevas autorizaciones de ventas o arriendo a espaldas de las comunidades, entre otras. Además, critican que la respuesta del Estado es «insuficiente» y no aborda las denuncias comunitarias ni las raíces del conflicto de propiedad.
Denuncian a actores comunitarios con vínculos políticos
Prilaka señala en su comunicado la existencia de actores comunitarios con «vínculos políticos» que promueven los arriendos y venta de tierras indígenas de «forma impune» con amenazas a quienes defienden el derecho de propiedad colectiva.
«Utilizan el poder del dinero para coaccionar voluntades y comprar apoyo. Es una minoría que crea conflicto para la mayoría. Crean problemas en el presente con consecuencias nefastas también para el futuro», subraya.
«Los actores comunitarios que promueven ventas o arriendos la mayoría de veces están vinculados a las autoridades comunitarias impuestas por el Estado, en contra de la voluntad de la asambleas comunitarias o introducción prácticas de elección de autoridades que vician la legitimidad de las elecciones de autoridades comunitarias y territoriales en asambleas», añade.
El organismo exigió nuevamente al régimen de Nicaragua que asuma sus responsabilidades políticas y jurídicas en la tutela de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
