El Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha entrado en una espiral de “represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos” en Nicaragua a la que no escapa ni la Iglesia católica, ni las ONG ni las universidades, según Human Rights Watch (HRW).
En el capítulo sobre Nicaragua de su informe anual sobre 2022, HRW dibuja un sombrío panorama de un país donde “el gobierno ha desmantelado todos los controles institucionales al poder presidencial” y ha entrado en “una escalada represiva contra críticos y opositores”.
El pasado septiembre estaban presas en las cárceles nicaragüenses 209 “personas percibidas como críticas del gobierno” -una buena parte detenidas en las elecciones de 2021-, generalmente “incomunicadas durante semanas o meses” y que han denunciado “condiciones abusivas de detención” en las pocas visitas a que han tenido derecho.
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A principios de este año, 50 personas críticas del gobierno, incluidos siete candidatos presidenciales detenidos en 2021, fueron condenados a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras unos procesos “basados en cargos absurdos y sin garantías básicas de debido proceso”.
Pero la represión se extendió este año a otros muchos sectores: “Defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores críticos del gobierno son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea, y detención y procesos penales arbitrarios”, reza el informe de HRW.
Así, en 2022, el gobierno clausuró más de 2.000 organizaciones no gubernamentales -de mujeres, médicas religiosas o de asistencia internacional-, y en agosto detuvo incluso al obispo Rolando Álvarez junto a siete miembros de la Iglesia y un camarógrafo; de ellos, todos están en prisión y el obispo en arresto domiciliario, acusado de “actos de odio” con el fin de “desestabilizar al Estado”.
Si bien el acoso contra los opositores se produce desde años atrás, se ha intensificado este año: en agosto, el gobierno cerró 17 emisoras de radio, alegando falta de permisos, y en septiembre suspendió las emisiones de CNN en español, mientras que canceló la personalidad jurídica de 18 universidades interrumpiendo así la formación de miles de estudiantes.
