La familia del cronista deportivo Miguel Mendoza no pudo verlo el pasado 31 de diciembre de 2022. Los parientes del rehén de conciencia denunciaron que la dictadura les negó el derecho por las publicaciones en redes sociales sobre el reencuentro con su hija Alejandra el siete de diciembre. Esta represalia del régimen obligó a los familiares de otros presos políticos a callar sobre esas visitas en la época de Navidad y Fin de Año.
Artículo 66 conversó con un psicóloga, que pidió guardar su identidad por temor a represalias, que aseguró que los parientes de los preso políticos sufren «chantaje emocional» por parte de la dictadura al obligarlos a callar para que sigan permitiendo las visitas.
«Si el familiar tiene que callar ante la violación de los derechos de su pariente en la cárcel para poder verlo en otra ocasión, pues están siendo víctimas del sistema, del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo», aseveró.
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«Esta situación crea más incertidumbre, miedo, trastorno del sueño, trastornos alimenticios, ansiedad y depresión a los familiares que callan ante estos chantajes», añadió la experta a este medio de comunicación.
La psicóloga explicó que los parientes de los presos políticos en algunos casos se ven envueltos en el miedo y eso los «paraliza». Ese sentimiento, según la experta, puede hacer que se sientan culpables por «no poder ejercer el derecho de expresarse libremente y así denunciar que están siendo chantajeados; pero a la vez quisieran denunciar que sus familiares están sufriendo como reos de conciencia».
En el caso de los niñas, niñas y adolescentes «es peor», porque sufren al no poder ver a su padre o madre y no entienden porqué pasa esto. Debido a ello, dice la psicóloga, los menores de edad están propensos a desarrollar problemas de conducta, llantos recurrentes, evitan alimentarse, tienen pesadillas o bien pueden presentar problemas de déficit de atención e hiperactividad. «Les han afectado su estilo de vida», explica.
La experta señala que este chantaje emocional genera un daño psicológico en los familiares, principalmente los niños y niñas. Recomienda que los afectados tienen que ser tratados por un especialista «para evitar que los síntomas se agraven y se transformen en una depresión crónica, pensamientos suicidas o llegar hasta un trastorno mental mayor como la demencia o esquizofrenia». El tratamiento psicológico evitará un daño mayor en su salud mental, asegura.
La abogada Yonarqui Martínez, defensora de derechos humanos y presos políticos, considera que las autoridades policiales y penitenciarias «están ejerciendo un control en las relaciones personales de los detenidos.
«Lamentablemente el familiar de preso político está siendo chantajeado emocionalmente para ser neutralizado y evitar a toda costa la denuncia para crear más impunidad, para crea una imagen de que todo dentro de Auxilio Judicial está bien, cuando no está todo bien, donde sí hay violación a los derechos humanos», dijo a Artículo 66.
»Hay una amenaza enorme hacia el familiar y existe en dos sentidos: que vayan a tomar la misma medida que tomaron con los familiares de Miguel (Mendoza) que le quiten la visita al reo o que se los lleven detenidos. Hay dos circunstancias que lamentablemente se están presentando que encaminan a más violaciones de derechos humanos hacia el propio familiar y extendiéndose al reo. Porque el reo al quitarle una visita lo dañás emocionalmente», añadió.
Ortega tiene cautivos a más de 30 presos políticos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote», un centro donde son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de organismos locales e internacionales de derechos humanos.
A esos rehenes de conciencia les impone extensos interrogatorios, les prohibe material de lectura, limitan las horas de patio sol y permiten visitas familiares cada 40 u 80 días.
