El memorando de entendimiento que el Gobierno de Honduras suscribió el jueves con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir la corrupción y la impunidad, supone para muchos hondureños una nueva esperanza para frenar esos flagelos que en parte son la causa de la pobreza de su país.
Mediante el acuerdo que ambas partes suscribieron, “reconocen que la intención de la primera fase será que el Gobierno hondureño asiente los cimientos necesarios para el establecimiento de un mecanismo internacional independiente, autónomo e imparcial, demostrando el compromiso y voluntad política de las autoridades con el fortalecimiento de un sistema de justicia independiente”.
Políticamente, la firma del memorándum es un punto a favor del Gobierno que preside Xiomara Castro, quien en su campaña política y al asumir el poder, el 27 de enero pasado, prometió la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), para lo que le pidió apoyo a la ONU.
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El mecanismo para combatir la corruptela y la impunidad, si se llegara a conformar, sería el segundo intento después del fracaso de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que dependía de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que el Parlamento hondureño, salpicado por múltiples denuncias de corruptela de muchos diputados, no le renovó en enero de 2020 un segundo período de cuatro años.
Uno de los casos más sonados que investigó la MACCIH derivó en que, por primera vez, una ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), fuera capturada el 28 de febrero en su residencia, esposada y llevada a prisión, acusada por delitos de corrupción, y condenada el 21 de septiembre pasado a 14 años, un mes y cinco días de cárcel.
Lobo acusó del juicio contra su esposa al expresidente Juan Orlando Hernández, quien en abril, después de que concluyó un mandato de ocho años en el poder, fue entregado en extradición a EE.UU., donde enfrenta juicio por narcotráfico y uso de armas.
La eventual creación de lo que podría ser una CICIH tiene a los hondureños con opiniones a favor y en contra, entre estos últimos a diputados del ahora opositor Partido Nacional, que estuvo en el poder doce años consecutivos, los últimos ocho con Hernández al frente, que fueron salpicados por múltiples denuncias de corrupción y narcotráfico.
LA CICIH, UN RECLAMO DE LA CIUDADANÍA
También son varios los sectores que dudan que una eventual CICIH pueda estar instalada hacia junio de 2023, porque crear el mecanismo contra la corrupción requiere de reformas constitucionales.
“La CICIH aún no tiene forma, la misión de la ONU vendrá a ver las condiciones reales que tiene disponibles Honduras para hacer un buen trabajo, no necesariamente a descubrir nada nuevo que ofrezca la sociedad hondureña en su lucha contra la corrupción”, dijo a EFE el analista José Manuel Torres.
En su opinión, los expertos de la ONU “se encontrarán en Honduras con un Ministerio Público, un Poder Judicial y una arquitectura de leyes proclive a favorecer el robo al erario, en lugar de erradicarlo o condenarlo”.
Torres señaló que lo importante quizá sería aprovechar el período de seis meses fijado en el memorándum de entendimiento suscrito, durante el que vendrán las misiones técnicas de la ONU antes de que sea creado el mecanismo para combatir la corrupción, para que se amplíe el diálogo o la negociación actual entre el Gobierno y las Naciones Unidas, y que la ciudadanía entre de lleno también a ser un copartícipe de esas negociaciones.
“Una eventual CICIH es un reclamo de la ciudadanía, que será la encargada de defender su integridad y eficacia, y no puede quedar al margen de ese trabajo que no debe venir a sustituir en sí mismo el esfuerzo hondureño por adecentar su sociedad, sino complementarlo”, enfatizó Torres, director de la Agencia Audiovisuales y Análisis de Prensa (AAP).
El jueves, luego de la firma del memorándum de entendimiento en Nueva York, Xiomara Castro dijo en redes sociales que con la ONU “instalaremos la CICIH independiente y justa”, y que “logramos acuerdos para la selección de expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al país”.
Torres considera que la cooperación internacional en materia de anticorrupción es necesaria y urgente en todo el mundo, y que la corrupción dejó de ser hace mucho tiempo un desafío de cada nación.
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Además, según Torres, la corrupción es un crimen internacional que requiere lugares para blanquear los capitales que se roban o paraísos no solo fiscales sino de impunidad a los cuales acudir cuando son descubiertos o para disfrutar lo robado.
Organizaciones de la sociedad civil e iglesias, entre otros sectores, atribuyen a la corrupción, como principal flagelo, la pobreza que afecta a más del 70 % de los casi 10 millones de habitantes que tiene Honduras.
Torres recalcó que “a lo que más debemos aspirar los hondureños es a que la misma condicionalidad que ahora existe, que no se ofrecen préstamos y cooperación si no está de por medio la defensa de la biodiversidad, esa misma condicionalidad debe existir en materia anticorrupción”.
“Un país corrupto no debe tener el apoyo de la cooperación internacional, eso es dar vida a Gobiernos dictatoriales y antidemocráticos”, recalcó.
