La Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Las Segovias, con sede en Estelí, ratificó la sentencia en contra del femicida Justo Pastor Ortiz, de 17 años, quien en abril pasado fue sentenciado a 6 años de cárcel por asesinar de varias cuchilladas a su novia Britney Olivas Herrera, de 17, quien, según dictamen, se encontraba embarazada.
El abogado defensor del adolescente, Edgard Aráuz Blandón, había solicitado que se le redujera la condena de prisión para «poder continuar con sus estudios universitarios». La reducción de pena solicitada era de cuatro años y que tres de esos años los cumpliera bajo libertad asistida (libertad condicional).
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Mediante la resolución emitida por el Tribunal, ratifican que la condena se cumplirá el 13 de marzo de 2028, además durante su estadía en el penal el adolescente deberá integrarse al trabajo social, a como se indica en la sentencia de primera instancia. El femicida es originario de Estelí y cursaba el primer año de la carrera de ingeniería civil cuando cometió el delito.
El pasado mes de abril, el acusado admitió ante la jueza María Elsa Laguna Herrera, titular del juzgado penal de distrito de adolescentes de Estelí, haber acabado con la vida de la joven. La judicial ordenó tratamiento psicoterapéutico para el adolescente, medidas de prevención, consolidación de su carácter, control de la ira, autocontrol, terapias grupales y familiares dirigidas a evitar recaiga en «depresión grave».
El Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua evitó que al victimario de la adolescente, Britney Olivas Herrera, lo enjuiciaran por cometer un crimen de odio y condenado a cadena perpetua, según explicó a Artículo 66 la abogada Yonarqui Martínez.
«Para un menor de edad existe un procedimiento especial que estipula el trato que debe darse al acusado. También tiene un tiempo estimado en la pena, en caso de delitos graves, no puede exceder a los seis años», dijo Martínez en referencia al artículo 202 del Código de la Niñez y Adolescencia.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado el alto nivel de violencia contra la mujer, especialmente en la Costa Caribe Norte y Sur. «Estamos ante una situación donde el Gobierno no está asumiendo su responsabilidad sobre esta situación de violencia contra las mujeres», lamentan.
