La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a cargo de Alberto Brunori, señala que los comicios municipales del pasado seis de noviembre fueron un proceso electoral antidemocrático, sin credibilidad y ajustado a la medida de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En un informe titulado «Crisis en Nicaragua: Elecciones municipales y violación de derechos civiles y políticos», el organismo detalla las irregularidades que se efectuaron antes, durante y después de la jornada electoral de 2022.
Resalta que las votaciones municipales al igual que las elecciones presidenciales de 2021 son calificadas como «no libres, ni justas, ni transparentes y sin legitimidad democrática».
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De acuerdo con el orteguista Consejo Supremo Electoral (CSE), el partido Frente Sandinista «barrió» en los comicios municipales de este año y ganó la totalidad de las alcaldías en el país.
Ante esta situación, la OACNUDH subraya que «el resultado electoral confirma la tendencia vista desde las elecciones de 2012, en que se inició un control progresivo de las administraciones locales que se ha consolidado en estos comicios con el control total de las 153 alcaldías».
Detenciones en contexto electoral
En el informe, el organismo también indica que, entre el primero y el ocho de noviembre, se produjeron «31 presuntas detenciones arbitrarias vinculadas al proceso electoral, que se suman a las 209 ya reportadas».
«Varias de las detenciones se habrían caracterizado por el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y se dirigieron a personas militantes de partidos políticos, colectivos estudiantiles, organizaciones de sociedad civil y familiares de otras personas detenidas en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua», destaca.
Asimismo, en el documento se informa sobre las detenciones que hubo: 16 se efectuaron el cinco de noviembre, un día antes de las elecciones; 4 el seis de noviembre y 13 de las 31 personas detenidas seguirían privadas de libertad.
«El mayor número de detenciones tuvieron lugar en el departamento de Carazo, con 10 detenciones en 6 municipios diferentes, seguido de Río San Juan», agrega.
Proceso electoral viciado
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU también resalta los eventos que viciaron los comicios municipales de este 2022, desde la destitución de alcaldes, cancelación de organizaciones no gubernamentales, detenciones hasta la reforma a Ley Electoral.
«Todo 2022 y especialmente desde la convocatoria a elecciones municipales, el 16 de agosto, el acoso en Nicaragua recrudeció», sostiene.
El organismo indica que el régimen de Ortega Murillo restringió a los nicaragüenses de sus derechos civiles y políticos. «En julio de este año, cinco alcaldes de Ciudadanos por la Libertad (CxL) depuestos. En septiembre, seis personas vinculadas al partido Unamos detenidas; también cinco familiares de otros integrantes de ese partido o de opositores políticos», apunta.
«Entre agosto y noviembre, 1,303 organizaciones de la sociedad civil canceladas en los 15 departamentos y 2 regiones autónomas y en lo que va de 2022, 26 medios de comunicación clausurados en 19 municipios», agrega.
Denuncia que la administración orteguista afectó al pluralismo político al condenar a siete precandidatos presidenciales hasta a 13 años de prisión, al cancelar en los últimos años a 31 partidos políticos y tres en 2021 (CxL, PC, PRD) y a que la sociedad perciba a cinco partidos contendores al FSLN como colaboracionistas del partido de Gobierno.
Además, asegura que la reforma a la Ley Electoral es «incompatible con estándares de derechos humanos», porque «prohíbe las manifestaciones de grupos no participantes en las elecciones, exige a los partidos contendores en las elecciones autorización de la policía para realizar concentraciones en campaña y reduce plazos electorales».
El informe de OACNUDH también recoge que durante la fase preelectoral y electoral las autoridades nicaragüenses no garantizaron un entorno seguro y propicio en el que los derechos humanos fuesen respetados y disfrutados, en particular los derechos políticos, de reunión pacífica, a la igualdad y no discriminación, a la libertad de expresión y de asociación.
«La libre participación en los asuntos públicos requiere que el sistema electoral garantice la libre y efectiva expresión de la voluntad de las y los electores sin discriminación y restricciones indebidas por opiniones políticas o de otro tipo», se lee en el documento.
«Las interferencias en la inscripción y en el voto, y la intimidación y coacción de los votantes, así como las detenciones, coacciones y amenazas documentadas anularon el carácter libre y secreto del voto», agrega.
