Tras 81 días sin ver a sus familiares que están detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como El Chipote, sus parientes demandan una «prueba de vida» de los más de 50 presos políticos encerrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En conferencia de prensa elevaron un llamado urgente al régimen de Nicaragua para que permita el ingreso a la cárcel de los familiares de los rehenes de conciencia para constatar su estado y si siguen vivos.
Además, han solicitado el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que se verifique la situación real de las personas presas políticas. Cristopher Mendoza, familiar del preso político Miguel Mendoza, señaló que están en «extrema preocupación» por la vida ante los dos meses de incomunicación donde no les han concedido una sola visita. «Tenemos por su vida», destacó Mendoza.
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Denunciaron que los presos políticos en «El Chipote» son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes; poca y mala alimentación; sin acceso a medicina para las enfermedades que padecen. Demandan que sus familiares tengan acceso a una alimentación adecuada y sana, higiene y salubridad en las celdas, material de lectura y otros derechos que le han negado en más de un año detenidos.
Berta Valle, esposa del exaspirante presidencial Félix Maradiaga, manifestó que su solicitud es humanitaria y no política porque se trata de resguardar la vida de personas inocentes que deben ser liberadas. Agregó que mientras no se dé la liberación incondicional de todos los presos políticos, la demanda es que se proteja la vida.
Victoria Cárdenas, esposa del exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, exigió a la dictadura que se permita la comunicación entre los presos y presas políticas con su hijos menores de edad o que están fuera del país, derecho que se les ha negado desde que su pariente está cautivo en las cárceles de la dictadura.
Los rehenes de conciencia en Nicaragua son sometidos a «tortura blanca», una práctica que se usa «para destruirlos como seres humanos funcionales en el futuro». En las cárceles sufren aislamiento, falta de luz solar, incomunicación, interrogatorios, no tienen atención médica ni acceso a material de lectura, ni a visitas regulares de sus familiares, especialmente de sus hijos e hijas menores de edad.
La justicia del régimen lo señala de violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1050, Ley de Soberanía, dos instrumentos jurídicos usados para reprimir, encarcelar y silenciar las voces disidentes y críticas del régimen Ortega Murillo. Las supuestas víctimas de los delitos que le achacan son el Estado y la sociedad nicaragüense.
