La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció el incremento del contexto de control territorial, hostigamiento, clima de miedo y criminalización en el marco de las votaciones municipales en Nicaragua del seis de noviembre. La organización documentó el arresto de ocho mujeres activistas y lideresas territoriales.
«Durante la semana previa a la jornada electoral, del 29 de octubre al 6 de noviembre, documentamos ocho detenciones de mujeres activistas y lideresas territoriales, así como de familiares que fueron arbitrariamente detenidas cuando la Policía buscaba a otra persona de la familia. De las ocho mujeres detenidas, dos ya fueron liberadas», informó IM-Defensoras en su sitio web.
En ese mismo periodo, la organización documentó 12 casos de hostigamiento contra cuatro defensoras de derechos humanos o activistas territoriales. Estas acciones fueron perpetradas por la Policía de Ortega, por civiles no identificados, personas que trabajan para el Estado y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
«En los últimos seis meses hemos documentado 585 agresiones contra defensoras de derechos humanos en Nicaragua, principalmente: hostigamiento, vigilancia, amenazas, destierros de facto, cierre de organizaciones, entre otras que buscan desarticular el tejido social, la protección del territorio y la organización popular», subrayó.
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IM-Defensoras hizo un llamado a la comunidad internacional a «estar alerta y mantenerse vigilante» al contexto post electoral que fue catalogada como una «farsa». «Invitamos a sumar sus voces y denunciar cualquier nueva agresión contra las defensoras de derechos humanos y sus comunidades», exhorta.
La organización considera que las votaciones municipales, en las que Ortega se hizo con el control absoluto de las 153 alcaldías del país, se desarrollaron en un contexto de represión territorial y de ataques sistemáticos a los derechos fundamentales de la población.
«Al igual que las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, constituye una farsa electoral, absolutamente carente de legitimidad e incumpliendo los estándares internacionales de transparencia, cuyo objetivo es consolidar el gobierno totalitario implantado desde abril de 2018 por Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)», señaló el organismo.
Las detenciones en el contexto electoral sumaron 31 personas, según el observatorio ciudadano Urnas Abiertas y el Monitoreo Azul y Blanco de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
