En las Juntas Receptoras de Votos (JRV) ubicadas en San Carlos, departamento de Río San Juan, fue notoria la presencia de más policías del régimen en las filas de votación, que ciudadanos civiles. En todo el país, se ha reportado la poca participación de votantes.
San Carlos, está ubicado en la confluencia del Lago de Nicaragua y el Río San Juan, cuenta con una población de 17.000 habitantes. Este domingo, las JRV abrieron con filas que fueron disminuyendo rápidamente hasta quedar casi desiertas.
En esta localidad, policías y fanáticos del régimen fueron los primeros en votar. Según denuncias, desde cualquier punto en que se encuentren, ya sea en un Centro de Votación, la calle, los barrios, los mercados, incluso en los hospitales y medios de propaganda, los adeptos a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentaron convencer a la ciudadanía a asistir a las urnas para orquestar una supuesta participación ciudadana.
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Se conoció que en Matagalpa, por ejemplo, algunos fanáticos sandinistas se alistaron muy temprano para reunirse en las casas del partido, municipal y departamental, en moto o en camionetas para luego dirigirse a los distintos barrios a realizar visitas casa a casa repitiendo una frase que casi es una orden: “Compañeros, los estamos esperando”.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, órgano dominado por el partido de Gobierno FSLN, convocó a elecciones municipales para este domingo, en las que se escogerán a alcalde, vicealcalde y concejales de 153 municipios del país. Los comicios se realizan bajo las condiciones de las recientes votaciones presidenciales calificadas de ilegítima por nicaragüense y la comunidad internacional.
Un total de 3.722.884 nicaragüenses mayores de 16 años, la edad mínima para votar, están aptos para ejercer el sufragio este fin de semana. El partido de gobierno amenaza con barrer con todos los gobiernos municipales, en condiciones muy favorecedoras.
El CSE es señalado de estar amparado bajo la sombra del fraude, porque su dirigente, Daniel Ortega en el poder desde el 2007, mantiene el control total de todos los poderes del Estado.
Reporte de Voces Unidas.
