El oro es el principal producto de exportación de Nicaragua. En los últimos años ha ganado valor en el mercado internacional y el país se ha consolidado como el principal exportador de Centroamérica. Como resultado de la pandemia, desde 2019-2020, el precio de la onza de oro ha aumentado significativamente hasta alcanzar los 500 dólares.
En el 2020, las ventas al exterior de oro en bruto en Nicaragua reportaron 665.9 millones de dólares, un incremento del 33.60 por ciento, desplazando a la carne bovina y el café, principales productos de exportación del país. Según estadísticas del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), los despachos de oro ascendieron a 807 millones de dólares en el período enero-noviembre de 2021, 34.6 % superior que hace dos años.
En 2021, el envío de ese metal de Nicaragua a Estados Unidos subió un treinta por ciento, totalizando más de $744 millones. Estas exportaciones representaron el 79 % de todas los envíos de oro de Nicaragua durante el año.
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Este aumento exponencial de las exportaciones de oro llevaron a la administración de Joe Biden a sancionar en junio de este año, hace apenas cuatro meses, a la estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), una compañía creada en 2017 para aumentar la participación del régimen en el negocio del oro a través de empresas conjuntas con el sector privado.
Las sanciones llegaron porque «el valor de las exportaciones de oro de Nicaragua se ha incrementado dramáticamente en los últimos años, impulsando las ganancias de sus aliados en el sector privado y aumentando los ingresos de Eniminas, que administran figuras importantes del partido gobernante».
Para evadir las sanciones de Estados Unidos, el régimen ordenó que la Dirección General de Minas (DGM), una oficina que depende del Ministerio de Energía y Minas (MEM) gestionara la mayoría de las operaciones mineras en el país en nombre de la dictadura de Nicaragua. El Tesoro norteamericano aplicó este lunes, 24 de octubre, sanciones contra la DGM porque es una «pieza importante» en las transacciones del oro en el país centroamericano.
«Ortega y sus compinches continúan utilizando las ganancias derivadas de la producción y venta de oro para llenar sus propios bolsillos y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder», explica el Tesoro de Estados Unidos.
La institución norteamericana enfatiza que la dictadura Ortega Murillo usa ese poder económico que le genera las exportaciones de oro para «intimidar y encarcelar a quienes denuncian la corrupción del régimen y para sembrar inestabilidad en todo el mundo, incluso apoyando una mayor invasión de Ucrania por parte de Rusia». Dicha sanción pretende «cortar la capacidad del régimen de Ortega Murillo de utilizar las ganancias del oro para oprimir al pueblo nicaragüense».
El mandatario norteamericano firmó este lunes, 24 de octubre, una reforma a la Orden Ejecutiva 13851 para «responsabilizar» a la dictadura por sus «ataques a la libertad de expresión y reunión». La ampliación de la autoridad del Tesoro norteamericano la faculta para aplicar bloqueos a personas que hacen o hicieron negocios con el sector minero en Nicaragua, pero este no será el único rubro que se verá afectado con esa nueva decisión del Gobierno de Estados Unidos.
Otra de las razones por las que se aplicó la sanción a la DGM es que estaba bajo el control de Salvador Mansell, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) quien fue sancionado por el país norteamericano el 15 de noviembre de 2021.
En Nicaragua las explotaciones mineras ocupan el 8.3 % del territorio nacional, es decir 9,833.26 kilómetros cuadrados hasta el año 2020 con 274 concesiones, según estadísticas oficiales del MEM. Otras 116 concesiones han sido solicitadas para la explotación del 16.11 % del territorio nacional, equivalente a 19,175.98 kilómetros cuadrados de superficie. Las cifras oficiales señalan que 48,391.59 kilómetros cuadrados del territorio nacional son aptos para la actividad minera, es decir el 40.66 % del país.
Los ingresos por derechos de extracción y derechos superficiales de la minería en Nicaragua dejó al país, entre 2007 y 2020, un total de 4 mil 531 millones 651 mil 785.45 córdobas. Solo en 2020 se percibieron ingresos por el orden de 671 millones 160 mil 726.17 córdobas. Ese monto fue dividido de la siguiente manera: 35 % en transferencias a las alcaldías, 31 % al Tesoro Nacional (Ministerio de Hacienda), 15 % al Fondo Desarrollo y Promoción Minera, 10 % al Fondo Vigilancia y Supervisión Minera y 9 % a los Consejos Regionales del Atlántico.
