La Unión Europea notificó la declaración de «non grata» de su embajadora en Nicaragua, Bettina Muscheidt, quien por órdenes del régimen de Daniel Ortega abandonó el país el primero de octubre.
El bloque de 27 países tachó de «injustificada y unilateral» la decisión y advirtió que estos hechos podrían traducirse en «reciprocidad».
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La UE señaló que están estudiando las acciones que implementarán tras esta nueva embestida de la administración nicaragüense y lamentó que también los Ortega-Murillo decidieran poner fin a sus relaciones con Holanda sin argumentos válidos.
Pese a ello, la Unión Europea sigue abogando por un diálogo para encontrar una solución a la crisis social, política y humanitaria que vive Nicaragua. El analista político y exdiputado Eliseo Núñez Morales subraya que esos arrebatos de Daniel Ortega podrían costarle caro debido al peligro que representaría perder el apoyo de los países europeos y tampoco descarta la expulsión de la delegada de la dictadura.
El viejo continente enfoca programas de apoyo con esta nación dirigidos al sector agrícola, saneamiento, agua, educación, entre otros. Desde 2012, se implementa el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica.
Los designios de Ortega pondrían a tambalear la participación del país en ese intercambio comercial y los millones que generan las exportaciones estarían en riesgo.
La justicia orteguista acusó a cuatro trabajadores de La Prensa de traición a la patria. Los señalados conforman el equipo que dio cobertura a la expulsión de las 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, a quienes Ortega ordenó sacar para Costa Rica días después de cerrarles su organización de beneficencia.
La acusación, con fecha del 29 de septiembre, la encabeza la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas. Los dos conductores que mencionan los tienen secuestrados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), desde inicios de julio. La Prensa orientó el exilio forzado de todo su personal tras esa nueva embestida.
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Este lunes igualmente se conoció sobre otra acusación contra 13 opositores y sus familiares por los supuestos delitos de conspiración para el menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Las acusaciones fueron presentadas el pasado 30 de septiembre y primero de octubre en los juzgados de Managua, según una nota de la oficina de prensa del Poder Judicial.
La dictadura acusa de injerencia a la Unión Europea. La molestia surge después que un reciente pronunciamiento en la ONU donde el delegado de la UE abogó por la libertad de los más de 200 presos políticos. Los países europeos han aprobado resoluciones contra el régimen y sanciones a más de 20 funcionarios, entre los que destaca Rosario Murillo.
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El próximo miércoles se dará por inaugurada la 52a. Asamblea General de la Organización de Estados Americanos donde se darán cita 33 cancilleres del continente y Nicaragua se ubica entre los temas prioritarios.
Los delegados, adelantó el exembajador Arturo McFields, preparan una resolución de condena de seis puntos contra el régimen de Nicaragua por la represión desmedida que ejecuta en Nicaragua de la cual ni siquiera han escapado los líderes religiosos.
En la propuesta, los embajadores solicitarán la liberación de los presos políticos, el cese de la represión a la Iglesia, la implementación de una estrategia que garantice más protección y otorgamiento de asilo. Además, le recuerdan a Ortega que sus acciones afectan cada vez más la economía.
Los opositores, por su lado, indicaron que quieren acciones y no resoluciones, ya que la gravedad de la situación de Nicaragua amerita que obliguen al régimen a frenar su deriva autoritaria.
El evento se celebrará en Lima, Perú y las sesiones culminarán el viernes, siete de octubre.
