La saña y represión que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene contra los presos políticos salpica también a sus hijos, a quienes les niega el acceso a las visitas en las cárceles y tener algún tipo de comunicación, violentando las leyes del país, en las que no existe ninguna prohibición para las visitas de menores en las cárceles.
Una campaña promovida por organizaciones opositores señala que al menos18 niños y niñas tienen en las cárceles a sus padres o madres por demandar el cumplimiento de los derechos humanos en Nicaragua y por denunciar las acciones represivas de los Ortega-Murillo.
“Estos menores ansían con toda su alma y corazón escuchar, ver o tener algún tipo de comunicación con sus progenitores. La crueldad de una dictadura criminal se los impide”, señala parte de la campaña promovida en redes sociales.
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En reiteradas ocasiones familiares de presos políticos han denunciado la negativa de la dictadura de autorizar una reunificación entre padres e hijos, pese a que estos han hecho solicitudes formales ante las autoridades correspondientes.
Ese es el caso de Alejandra, la hija del periodista deportivo y preso político Miguel Mendoza. Después de 456 días de incomunicación la menor continúa demandando poder ver a su padre.
“Hemos compartido en diferentes ocasiones el daño emocional que ha provoca en ella esta separación forzosa. Realmente es cruel e inhumano que torturen a una niña de 8 años de esa manera», expresó este martes la familia de Mendoza, por medio de sus redes sociales, junto a un dibujo de la menor donde expresa lo mucho que ama y extraña a su papá.
Ley no restringe visitas de menores
La campaña en redes sociales destaca que, entre las violaciones continuas que viven los presos políticos está el incumplimiento al artículo 128 del reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena la cual establece que en las visitas familiares ingresarán al área de visita del centro penitenciarios hasta un máximo de seis personas mayores de 12 años por interno a visitar.
“Se permite la entrada de niños menores de 12 años cuando vengan acompañados de sus padres, tutores o guardadores e ingresarán sin carnet de visitante”, dicta la ley.
La campaña destacó que de 10 presos políticos recluidos en El Chipote y que tienen hijos menores, solo dos han podido tener la oportunidad de verlos. “Las visitas familiares no son regulables ya que los detenidos injustamente han estado bajo un régimen de incomunicación prolongada de hasta 90 días seguidos”.
