La Fiscalía General de El Salvador informó este viernes la detención de seis personas señaladas de supuestamente “difamar” y revelar información privada de “figuras públicas” en Twitter mediante “cuentas troles”.
La institución publicó en sus redes sociales que, junto a la Policía Nacional Civil, “ejecutaron la captura de personas que, por medio de redes sociales, se encargaban de difamar y revelar información privada de figuras públicas y particulares”.
La Fiscalía vinculó estas detenciones al tuitero Luis Rivas, crítico del Gobierno de Nayib Bukele y conocido como “El Comisionado”, quien enfrenta un proceso penal por desacato.
A pesar de señalar públicamente a estas personas de “difamar”, el Ministerio Público indicó que serán procesadas por los delitos de utilización de datos personales y revelación indebida de datos.
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Los detenidos son Eric Zelaya, David Reyes, Josseline Hernández, Alex Hernández, Luis Celis y Josué Carpaño.
Según la Fiscalía, Zelaya “entregó dinero para que se realizaran publicaciones calumniosas”, en las que “se difamaba y revelaba información personal de figuras públicas, personas particulares y vinculadas a partidos políticos”.
La Ley Contra Delitos Informáticos establece penas de entre cuatro y seis años por la utilización de datos personas y de tres a cinco años por la revelación de esta información.
Un representante de la Fiscalía indicó que “estas personas, a cambio de pagos efectuados por interesados, usaban los datos personales en específico de una víctima que tiene régimen de protección” y “usaban cuentas troles, específicamente en Twitter, para publicar dichos datos y hacerlos públicos”.
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Sobre la detención del tuitero Rivas por desacato contra el presidente Bukele, según publicaciones de medios salvadoreños, el proceso pasó a inicios de septiembre a la etapa de instrucción.
De acuerdo con el investigador Juan Pappier, de la organización Human Rights Watch (HRW) en la División para las Américas, la legislación salvadoreña se opone a estándares internacionales sobre la libertad de expresión.
“El delito de desacato, tal y cómo está previsto en la legislación salvadoreña, contradice estándares internacionales sobre libertad de expresión”, publicó en Twitter.
