Luis Rivas está irreconocible producto del cautiverio que sufre por orden de Ortega

Este miércoles, 31 de agosto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó al expresidente ejecutivo del Grupo Promérica y Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, ante los medios oficialistas en el Complejo Judicial Central de Managua para una audiencia informativa que, según abogados, no tiene asidero legal.

Tras 14 meses de encierro en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como «el nuevo Chipote», la Policía orteguista mostró por primera vez al empresario. Rivas Anduray luce irreconocible, se observa bajo de peso, pálido y con ojeras.

Las fotografías difundidas por los medios oficialistas se dan luego que los familiares de presos políticos denunciaran la «reducción drástica» de los alimentos que le dan a los detenidos que permanecen bajo cautiverio en «El Nuevo Chipote» y señalaran que eso a algunos les ha provocado «desnutrición severa». En ese recinto, están detenidos al menos 30 opositores.

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«El detenido Luis Alberto Rivas Anduray con buena condición de salud ha sido notificado del estado de su caso por el magistrado Noel Pereira en audiencia informativa.», publicó el oficialista Canal 8, intentando contrarrestar las denuncias de los familiares.

Aunque el régimen quiere mostrar un supuesto buen trato a los rehenes de conciencia, en el caso de Rivas es evidente la pérdida de peso, el cambio en el color de piel y las ojeras.

Rivas se convirtió en el primer banquero contra quien la administración de Ortega ordenó cárcel, bajo el argumento de ser «traidor de la patria».

Desde la detención del expresidente ejecutivo de Banpro, su familia ha preferido guardar silencio y ha optado por no brindar declaraciones a los medios independientes respecto a la situación del preso político en las cárceles de tortura del Chipote.

El empresario fue detenido el 15 de junio de 2021, luego de presentarse a la Fiscalía para ser «entrevistado». La justicia orteguista declaró culpable a Luis Rivas Anduray  por los supuestos delitos de «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional» y de portación o tenencia ilegal de arma de fuego; fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos.

El juez Cuarto Distrito Penal de Juicio, Ángel Jeancarlos Fernández González, fue el encargado de condenar al reo de conciencia a 13 años de prisión.