La hija del preso político Miguel Mendoza, Alejandra, continúa solicitando que le permitan ver a su padre, quien se encuentra recluido desde hace más de 14 meses en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde impiden cualquier tipo de comunicación con la menor pese a que el abogado del rehén de conciencia ha interpuesto 11 recursos ante el Tribunal de Apelaciones de Managua y ninguno ha sido contestado.
«¡Papi! aunque tengo un año de no verte, mi amor y mis recuerdos están intactos. Mi corazón sufre tu ausencia. Necesito verte», se lee en una carta que le escribió Alejandra, de ocho años, al periodista deportivo. La separación forzosa entre Miguel Mendoza y su hija le ha provocado daños en su salud física y emocional a la niña, según ha manifestado su madre Margin Pozo.
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«La comunicación entre padre e hija es un derecho y a Alejandra se lo han negado sin causa alguna y sin justificación legal desde hace 14 meses. A través del abogado (defensa técnica de Miguel) se han realizado varias solicitudes para que la niña vea a su papá, pero no dan respuesta y cuando he preguntado de manera verbal, expresan que no está “autorizado”», denunció Margin Pozo en días recientes.
Tras la novena visita al periodista deportivo, su familia denunció que el preso político había sido rapado, situación que dejó «impactada» a su esposa, quien comentó a este medio que apenas le está creciendo nuevamente el cabello a su pareja.
La justicia de Nicaragua declaró culpable al periodista por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», de conformidad con la controversial Ley 1055. Fue condenado a nueve años de prisión. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.
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Esta misma situación de separación forzosa con sus hijos e hijas también la viven los presos políticos Miguel Mora, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Róger Reyes. A todos ellos se les ha negado el derecho de comunicarse por cualquier mecanismo con sus vástagos.
El único mecanismo que ha sido efectivo para que los presos políticos Tamara Dávila y Miguel Mora pudieran ver a sus hijos el pasado sábado, 20 de agosto, fue una huelga de hambre. El régimen cedió y dejó que ambos reos de conciencia pudieran encontrarse con ellos después de 15 meses bajo una separación forzosa.