Con el voto favorable de 27 Estados miembros, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una nueva resolución que condena la grave situación de violación a los derechos humanos, políticos y civiles en Nicaragua, ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La resolución, que cuenta con cinco puntos, señala el «cierre forzado» de las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro, que ya suman casi 1 mil 400 ONG con la personalidad jurídica canceladas por la Asamblea Nacional, que responde a los intereses de la pareja dictatorial en una persecución contra la libertad de asociación que busca limitar el espacio cívico en el país.
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«Condenar enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua», se lee en el punto número uno de la resolución.
«Reiterar su insistencia en que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión», prosigue el documento aprobada por los embajadores que integran el Consejo Permanente de la OEA.
El documento también aborda la persecución de la Iglesia católica, sacerdotes, obispos, líderes de oposición y presos políticos del régimen de Ortega. Desde el primero de agosto, la dictadura ordenó una escalada represiva contra la Diócesis de Matagalpa y su obispo, monseñor Rolando Álvarez. Ese día, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ordenó el cierre de todas las radios de la Diócesis, canales locales del departamento, programas radiales y un medio de comunicación de Nueva Guinea.
El Consejo Permanente de la OEA reiteró su ofrecimiento de trabajar con el régimen de Ortega «para que se adhiera a las Cartas rectoras de la OEA y restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos» de acuerdo con el derecho internacional. Además, encomendaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que transmita a la dictadura dicha resolución.
La dictadura de Ortega denunció la Carta del organismo el pasado 19 de noviembre de 2021 y su salida culminaría en dos años, el 18 de noviembre de 2023, se supone que Ortega tendría que cumplir sus compromisos internacionales con la OEA.
El régimen de Daniel Ortega retiró las credenciales de sus representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell, y anunció el cierre de la oficina del organismo en Managua tildándola de «instrumento del imperialismo yanqui» el pasado 24 de abril.
La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado leído por el canciller Denis Moncada el domingo, 24 de abril, cinco meses después que Nicaragua anunciara su retiro de la OEA. «A partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas», añadió.
Ese mismo día fueron tomadas las oficinas del organismo y el edificio, que era rentado, fue confiscado por el régimen para crear el denominado «Museo de la Infamia», del que se desconoce si hay algún avance. La decisión de la dictadura fue criticada por la OEA y señalada de violar diversas leyes internacionales.