El proyecto de resolución que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debatirá el 12 de agosto, sobre la situación de Nicaragua, condena “enérgicamente” las acciones represivas que el régimen Ortega-Murillo ha ejecutado contra organizaciones no gubernamentales, religiosas y medios de comunicación.
En la resolución, el Consejo Permanente de la OEA mostró la «profunda preocupación de los países miembros”, porque a pesar de las exhortaciones, resoluciones, mandatos de la Asamblea General y del mismo Consejo Permanente, el “clima de opresión ha empeorado con un número creciente de detenciones arbitrarias; cierre forzoso de organizaciones no gubernamentales; la toma autocrática de alcaldías en cinco municipios de un partido político de la oposición; una intensificación de la represión de periodistas y la libertad de los medios de comunicación; y ataques a monjas y sacerdotes de la Iglesia romana de la fe católica”.
En ese sentido, el Consejo Permanente resolvió condenar enérgicamente “el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, y el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a las organizaciones religiosas y las que critican al gobierno y sus acciones en Nicaragua”.
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La solicitud se da días después de que el régimen Ortega-Murillo emprendiera un nuevo ataque a la Iglesia católica, cerrando, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), varias emisoras dirigidas por la Diócesis de Matagalpa. La dictadura además impuso un cerco policial en la Curia Episcopal donde se encuentra monseñor Rolando Álvarez junto a otros laicos.
El documento además señala que el Consejo Permanente se encuentra preocupado porque el régimen sandinista ha “ignorado los esfuerzos del secretario general de la OEA (Luis Almagro)”, quien siguiendo las instrucciones de la Misión Permanente del Consejo, ha buscado cómo involucrar a Nicaragua en la discusión de las formas en que un grupo de alto nivel podría ser invitado al país centroamericano “para explorar la posibilidad de ayudar al Gobierno a restaurar el respeto y la defensa de la democracia y los derechos humanos de conformidad con las Cartas de la OEA”.
Reitera liberación de presos políticos
El borrador del proyecto también reitera a la administración Ortega-Murillo la “insistencia” de liberar a todos los presos políticos y poner fin al hostigamiento e intimidación a la prensa independiente “y garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
En las últimas semanas el régimen sandinista ha cerrado al menos una decena de medios de comunicación, entre emisoras de contenido religioso y espacios informativos departamentales.
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Por último, el documento reitera que, pese a que Daniel Ortega denunció la Carta de la OEA en noviembre de 2021 y haya retirado a su embajador, Orlando Tardencilla, en abril de este año, además de apoderarse de la sede del organismo en Nicaragua, “las obligaciones legales del Gobierno de Nicaragua, en virtud de la Carta, continúan vigentes hasta la fecha efectiva del retiro de Nicaragua de la Organización el 18 de noviembre de 2023”, es decir, no exime de que se pueda sesionar para abordar la crisis que atraviesa Nicaragua.
El Consejo Permanente encomendó al secretario general del organismo transmitir la presente resolución al régimen de Nicaragua.
La misión permanente de Antigua y Barbuda junto a otros siete estados solicitaron a la OEA que realice una sesión extraordinaria para evaluar la situación de represión que vive Nicaragua. Los estados miembros que apoyaron la resolución pidieron que la reunión sea programada para el viernes, 12 de agosto, a las tres de la tarde.