El pastor evangélico cubano Alain Toledano Valiente, líder del Movimiento Sendas de Justicia y exiliado en Miami (Florida) desde esta semana, afirmó en una entrevista publicada este viernes que “Cuba es un país en colapso”.
Toledano, su esposa, Marilin, y sus hijas Berenice, de 18 años y Elisama, de 17 años, salieron de Cuba gracias a la intervención de Outreach Aid to the Americas (OAA), una organización internacional que defiende los derechos de las comunidades religiosas.
En el caso intercedió también el embajador estadounidense para la Libertad Religiosa, Rashad Hussein.
De acuerdo con la declaración de Toledano al llegar a Miami, las autoridades cubanas le advirtieron: “Abandone el país dentro de 30 días o usted y su familia enfrentarán las consecuencias”.
En la primera entrevista desde el exilio, Toledano, que en los últimos años denunció en reiteradas ocasiones “hostigamiento” contra su templo en Santiago de Cuba por reclamar derechos y libertad, subrayó a la emisora pública estadounidense Radio Martí, que emite desde Florida para Cuba, que los derechos y las condiciones de vida de los cubanos son “precarios”.
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“Cuando miras las condiciones de vida de los hombres (a nivel) internacional, te das cuenta de que el cubano no tiene ninguna condición de vida. Derechos, ninguno. Dejó de ser realmente una nación, dejó de ser realmente un país donde un ciudadano puede vivir con todo lo que necesita”, declaró.
El pastor llamó a los cubanos a recuperar la libertad enfrentando “a las personas que se han empoderado por la maldad y por la violencia” en Cuba.
“Nunca el esclavista te va a dar a ti la libertad”, aseguró el líder religioso.
En el último informe sobre Libertad Religiosa Internacional publicado por el Departamento de Estado de EE.UU., se incluyó en el apartado de Cuba que agentes de la Seguridad del Estado cubano arrestaron en 2021 al pastor Toledano por “propagar una epidemia”.
La detención se debió a que había reabierto las puertas de su templo tras el confinamiento por la covid-19, pero, según denunció, la acusación no tenía fundamento, pues desde la primera semana de junio de 2021 el Gobierno había autorizado a las iglesias a reiniciar con normalidad y moderadamente sus actividades.
