Un grupo de diputados opositores presentó este lunes, en el contexto de alta incertidumbre política y económica que vive el país, un pedido de juicio político contra el presidente argentino, Alberto Fernández, iniciativa que autoridades de Juntos por el Cambio, la principal coalición de la oposición, han adelantado que no acompañarán.
El diputado José Luis Espert, del partido de derecha Avanza Libertad, autor de la iniciativa, presentó en el Congreso el pedido de juicio político contra el mandatario argentino “por mal desempeño y por la comisión de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones”, según anunció en su cuenta de Twitter, en la que especificó que lo acompañan otros cuatro legisladores más.
El pedido de juicio político se da en un contexto de crisis política y económica en Argentina, donde las diferencias en el seno de la coalición oficialista Frente de Todos, entre las filas del presidente y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, aceleraron el deterioro financiero del país suramericano.
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En la Cámara de Diputados, donde ningún partido tiene mayoría absoluta, la coalición oficialista es la primera minoría y Juntos por el Cambio -referente del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)- es la segunda minoría. En tanto, el pedido de juicio político requiere las dos terceras partes de los miembros presentes.
Consultada en una entrevista, Patricia Bullrich, una de las principales referentes de Juntos por el Cambio, dijo este domingo que nadie de la coalición “planteó el juicio político” ni un adelantamiento electoral: “Somos institucionalistas”, afirmó.
LAS “SALIDAS” DE LA CONSTITUCIÓN
Argentina atraviesa una gran incertidumbre económica reflejada en un aumento del riesgo país en torno a los 3.000 puntos básicos, una gran debilidad del peso, inflación corriendo al 64 % a junio pasado y un déficit fiscal financiado con emisión monetaria, de los que los argentinos se cubren comprando dólares haciendo saltar las cotizaciones paralelas ante las restricciones cambiarias para acceder al tipo de cambio oficial.
La Constitución Nacional establece los resortes institucionales que “permiten encontrar salidas a la crisis política generada por la actual coalición de gobierno”, describen los diputados en el texto.
“La idea central es delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con el mandato establecido en el texto fundamental” y que “conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales graves”, describen.
En el escrito, los diputados indican que Fernández ya tiene pedidos de juicio político realizados por algunos referentes de la principal coalición opositora referentes al tiempo de pandemia de la covid-19, por lo que, a su entender, “existe un consenso, de la mayoría de los bloques políticos para llevar adelante este proceso político”.
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Sin embargo, el principal bloque de la oposición Juntos por el Cambio ya había adelantado que no acompañará la medida.
“La falta de conducción política pone en serio riesgo la situación endeble económica argentina y pone en riesgo el tejido social, al extremo, la crisis política generada por la misma coalición de gobierno, pone en jaque las instituciones de la república y por ello, resulta necesario llevar adelante este proceso constitucional”, advierte el documento.
Los diputados acusan al Gobierno de Fernández de ser el “mayor endeudador” del país y que sólo “piensa en generar más impuestos”, de “la incertidumbre de falta conducción en lo referente a la política económica”, el incumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entender al Banco Central como el órgano que financia al Tesoro y las “constantes medidas erráticas en materia económica”.
Concluyen que esa “grave” situación “pone en grave duda si existe y si el Presidente Fernández posee suficiente capacidad e idoneidad para entender, que los argentinos no podemos estar presos de una interna palaciega”.
