Régimen Ortega-Murillo revalida congelamiento de precios de los combustibles

El Gobierno de Nicaragua revalidó este viernes el congelamiento de precios de los combustibles a nivel local, por lo que estos no experimentarán variaciones durante la semana del 24 al 31 de julio.

La medida fue tomada para mitigar el impacto de las alzas internacionales en los costos del petróleo, según informó el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que indicó que el Estado asumirá “el 100 % de dichos incrementos”.

Con esta decisión, el precio del galón (3,78 litros) de gasolina superior, utilizada en automóviles ligeros, se mantendrá en 5,16 dólares; y el de la gasolina regular, aplicado en automóviles de vieja data y todoterreno, en 5,04 dólares. El galón de diésel, utilizado en el transporte de carga y colectivo, se mantendrá en 4,55 dólares.

En el caso del Gas Licuado de Petróleo (GLP), utilizado en las cocinas, el Estado “garantizará que se mantengan los mismos precios, sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio”, señaló el INE.

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Nicaragua completa 15 semanas consecutivas con los precios de los combustibles congelados de manera consecutiva.

Según las autoridades nicaragüenses, el congelamiento de los precios de combustibles para transporte y cocina cuesta entre cuatro y seis millones de dólares semanales.

Desde la semana pasada la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua autorizó al Poder Ejecutivo gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 200 millones de dólares para reducir el impacto del incremento de los precios de los combustibles en la economía nicaragüense.

El préstamo forma parte de una línea de crédito de hasta 800 millones de dólares, dispuesta por el BCIE para financiar un programa regional de apoyo ante el alza global de precios de los combustibles.

Los precios de los combustibles son establecidos semanalmente por las empresas distribuidoras con base en las variaciones de los precios internacionales de estos derivados, “es decir, estos precios no son regulados por el Estado”, según el INE.