La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, lamentó el asesinato de cinco nicaragüenses, suceso registrado la noche del sábado, nueve de julio, en El Silencio de Huacas en Santa Cruz-Guanacaste, Costa Rica.
Las declaraciones de la portavoz de la dictadura orteguista se dan luego de que familiares de los connacionales denunciaran que su régimen estaba impidiendo el ingreso de los cuerpos porque debeían presentar una prueba negativa de COVID-19, lo que consideraron como una forma de represalia.
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«Estamos pendientes todos estos días, en coordinación para atender a la familia Cardoza que fue víctima de ese crimen de odio que se dio el sábado por la noche en la región de Guanacaste en Costa Rica», dijo la primera dama.
Enfatizó que su gobierno estuvo pendiente de que los cuerpos fuesen identificados; «pendientes de que la persona herida fuera atendida; pendientes también de que pudieran ser trasladados en tiempo y forma y luego con todas las medidas de resguardo de la salud hacia sus lugares de origen y pendientes y contando con la coordinación de las autoridades costarricenses».
Murillo aprovechó su monólogo para agradecer el apoyo de las autoridades costarricenses por la coordinación entre la Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) y la Policía de Nicaragua «para atender el resultado de esta terrible desgracia».
Elogia «coordinación» de su régimen para repatriar cuerpos
Informó también que la mañana de este miércoles, 13 de julio, fueron sepultados «en Terrabona un hermano y luego en San Dionisio las otras cuatro víctimas. Nuestro abrazo a todos ellos».
«Nuestro alcalde de San Dionisio estuvo pendiente, envió a la familia a recoger a otros que llegaban a Peñas Blancas con los vehículos de la Alcaldía y luego estuvo pendiente de la identificación necesaria y obligatoria que se hizo de los cuerpos de nuestros hermanos matagalpinos que trabajaban en Costa Rica», dijo.
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«Un gran abrazo a toda la familia, a los que están aquí y a los que permanecen en Costa Rica y trabajan y donde según nos dicen quieren seguir trabajado y eso ellos lo deciden. Para nosotros era importante destacar el acompañamiento, la cercanía, nuestras oraciones y también las coordinaciones que realizaron exitosamente entre Costa Rica y Nicaragua», agregó la esposa del dictador Daniel Ortega.
Las personas asesinadas en el país vecino del sur responden a los nombres de Miguel Jarquín Cardoza, Pedro Hernández Cardoza, de 42 años, Amparo Cardoza Orozco, de 55 años, Isidro Orozco Loáisiga, de 29 años, y Jonathan Cardoza Rivas, de 25 años. El Ministerio de Seguridad de Costa Rica detuvo el domingo, 10 de julio, a dos sospechosos del crimen.
Según los familiares, los sospechosos se movilizaba en un vehículo junto a una mujer y se hizo pasar por miembro de un grupo religioso. En cuanto a los sospechosos de la masacre, el Juzgado Penal de Santa Cruz impuso seis meses de prisión preventiva a los dos hombres, de apellidos Rojas y López.
En declaraciones al medio costarricense Teletica, la familia de las víctimas afirmaron que de parte de las autoridades tica recibieron todo el apoyo para la entrega y traslado de los cuerpos hasta la línea fronteriza.
