El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua informó que la cifra de prisioneros de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se mantiene en 190 hasta el 30 de junio de 2022. «En el mes de junio no se agregaron personas a la lista», destaca el informe.
Del total de los opositores cautivos en los diferentes penales y cárceles del país, 180 fueron detenidos posterior a las protestas de abril de 2018, y 10 están presos desde antes de la revuelta ciudadana.
El documento indica que de los 180 opositores detenidos en el contexto de abril 2018 a la fecha «51 nicaragüenses están recluidos en celdas diferenciadas».
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«De las personas en aislamiento cuatro presas políticas están en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y un preso político en el Sistema Penitenciario (SPN) de Matagalpa. En celda de castigo hay seis en la DAJ, uno en SPN (Sistema Penitenciario Nacional) Chinandega, uno en SPN Matagalpa y dos en SPN La Modelo. Adicional de las personas en máxima seguridad 18 están en la DAJ y 18 en el SPN La Modelo», apunta el informe mensual sobre los presos políticos de Ortega.
Hasta la fecha, en Nicaragua hay 172 hombres y 18 mujeres presas políticas a manos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Régimen de Ortega «ignora» las medidas cautelares de la CIDH
El organismo también señaló que la administración de Daniel Ortega persiste en no cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) a 44 de las 76 personas presas políticas beneficiadas por estas medidas.
«De este grupo de 44 personas 2 son mujeres y 42 hombres quienes están recluidos en centros del sistema penitenciario nacional (SPN). Llevan entre 18 meses y 4 años en prisión siendo sometidos y sometidas a una serie de violaciones a sus derechos humanos y garantías judiciales», resaltó.
«La CIDH expresó estar alarmada debido a los actos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de las que son víctimas las personas beneficiarias. Esto, a pesar de los múltiples llamados que la Comisión ha hecho al régimen ante lo cual expresan que «las respuestas no han sido efectivas, no hay respuestas del Sistema (judicial) en asuntos tan esenciales como es el tema de la vida de las personas (presas políticas)», se lee en el documento.
Presos políticos, sometidos a torturas
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas destacó que continúan los malos tratos hacia los opositores cautivos en las diferentes cárceles de Nicaragua, que consisten en la tortura del silencio y en las golpizas así como traslados a celdas de máxima seguridad.
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En el caso de los presos políticos encerrados en las celdas de tortura de «El Chipote» «se encuentran bajo extremo aislamiento e incomunicación. Además de no tener ningún contacto con el exterior y no contar con visitas familiares regularizadas, los custodios les impiden hablar entre ellos y ellas», reiteró.
«El nivel de control y tortura llega al punto de que son sometidos a regaños u otro tipo de castigos si mantienen algún tipo de conversación entre quienes son compañeros de celda. (…) Cabe destacar que el Mecanismo también registró que los custodios del Chipote no permiten expresiones de culto por parte de las personas presas políticas. Les prohíben que canten alabanzas o que recen en voz alta», añadió.
El organismo también registró durante el mes de junio, el traslado de un reo de conciencia a celdas de máxima seguridad en el centro penitenciario conocido como «La Modelo». Además, reportó al menos cuatro golpizas a cuatro presos políticos cautivos en las celdas de máxima seguridad de «La Modelo» y de un prisionero en el SPN de Matagalpa.
«Estos traslados no suelen estar justificados por la normativa del sistema penitenciario si no que es de uso arbitrario y discrecional para castigar a personas presas políticas», señaló.
El listado de personas presas políticas en Nicaragua es construido por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogadas y abogados defensores de personas presas políticas, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales.