Organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales lanzaron la campaña «Nicas libres ya» para demandar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación de las 190 personas presas políticas en Nicaragua.
La iniciativa tiene como objetivo lograr «la liberación de las personas presas por motivos políticos mediante acciones de comunicación en plataformas digitales y una mayor incidencia legal, a fin de que se logre que el Estado de Nicaragua proceda a liberarles», explicó en conferencia de prensa este 30 de junio Carlos Quesada, director ejecutivo del instituto de Raza e Igualdad.
El defensor resaltó que una persona presa política es «demasiado» y en Nicaragua el régimen de Ortega-Murillo mantiene a decenas privadas de libertad por motivos políticos.
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Además, destacó que las condiciones en las que se encuentran los prisioneros políticos «son contrarias a los instrumentos internacionales de derechos humanos, como las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el tratamiento de las personas reclusas conocidas como reglas Nelson Mandela y a la propia Constitución de Nicaragua».
La campaña está siendo impulsada por el instituto de Raza e Igualdad, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Unidad de Registro.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, manifestó que esta iniciativa «es la reafirmación colectiva del mundo, del compromiso que tenemos de continuar luchando para la liberación inmediata de todas las personas presas políticas en Nicaragua».
«Las organizaciones que hacemos parte de esta campaña estamos muy conscientes de la inocencia de las personas prisioneras políticas, por eso conseguir su libertad es nuestra prioridad. Lo más urgente es vaciar las cárceles inmundas, donde la dictadura Ortega-Murillo, sigue aplicando métodos perversos, ya que la privación de libertad y encarcelamiento constituye un feroz mecanismo de destrucción personal y paralización social», dijo Núñez en su intervención.
Las entidades defensoras indicaron que con la iniciativa pretenden crear conciencia a nivel nacional e internacional sobre la importancia de exigir la liberación de los presos políticos de Nicaragua, también continuarán denunciando las graves violaciones de derechos humanos de las que están siendo víctimas los reos de conciencia.
Asimismo, pretende promover la aplicación de pautas aportadas por el derecho internacional para la determinación de quién es una persona presa política y exigir la correspondiente responsabilidad estatal; y demandar la liberación de todos los nicaragüenses que permanecen privados de libertad por el simple hecho de ejercer y exigir sus derechos.
«A más de cuatro años de la represión iniciada en abril del 2018, vemos con profunda preocupación que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa profundizándose, siendo la prioridad la liberación inmediata de las personas presas por motivos políticos», manifestó Carlos Quesada.
Ana Álvarez Vijil, defensora de derechos humanos y hermana y prima de las presas políticas Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil, respectivamente; indicó que la administración de Daniel Ortega ha utilizado «la prisión política como una estrategia de represión activa, de forma sistemática y generalizada durante más de cuatro años».
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de las personas privadas de libertad en Nicaragua publicado en 2020, contabilizó que al menos 1,614 nicaragüenses fueron encarcelados arbitrariamente desde el estallido de abril en 2018; y actualmente, el régimen de Ortega mantiene 190 reos políticos en las diferentes cárceles del país.
Las organizaciones que están impulsando la campaña «Nicas libres ya» demandan a la dictadura de Ortega-Murillo la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, quienes son víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, no tienen acceso a una atención médica especializada, ni a una alimentación adecuada, y por lo tanto; «solo ponerlas en libertad evitará que se continúe materializando estos daños irreparables a sus vidas, salud e integridad personal».