El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más se suma a la condena generalizada por la cancelación de la personalidad jurídica de 101 organizaciones no gubernamentales, incluyendo la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta.
«La Asamblea Nacional, que no delibera ni fundamenta sus decisiones parlamentarias, ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 764 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, con el propósito de ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense», señaló la organización de derechos humanos.
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Según el Colectivo, el régimen, a través de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación (Migob), amenaza con el cierre de más organizaciones, «lo que constituye la continuación de la masacre de derechos y la eliminación de toda forma de espacio cívico del pueblo de Nicaragua».
«Denunciamos la sistemática represión que el régimen impulsa contra organismos de la sociedad civil, a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación, participación política, el legal y debido proceso, así como la contribución al desarrollo de Nicaragua», reiteró el grupo de abogados desde el exilio en Cosa Rica.
La dictadura de Ortega acusa a las oenegés de supuestamente incumplir con sus obligaciones conforme a la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El régimen y su afán de anular oenegés
En su afán de desaparecer organizaciones no gubernamentales, la Asamblea Nacional, también al servicio de la dictadura de Ortega, «descabezó» este jueves, 29 de junio, a la Asociación de Comunidades Indígenas Mayangnas de la Cuenca del Río Bocay para el Progreso y Desarrollo (MAKALAHNA).
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También canceló la personalidad jurídica de la Asociación de Obreros Bananeros de Occidente Afectados del Nemagón y otras organizaciones, en su mayoría de los departamentos.
El comunicado de la organización defensora de derechos humanos concluyó expresando su solidaridad «a las personas beneficiarias de las organizaciones canceladas; exigimos el cese de la represión, la derogación de todas las leyes represivas y la libertad de las más de 190 personas presas políticas en Nicaragua».