Defensores nicaragüenses de derechos humanos denunciaron que la «farsa judicial» que ha perpetrado la justicia orteguista contra el padre Manuel Salvador García es una aberración jurídica y una clara señal que el régimen de Nicaragua ha intensificado la persecución política contra la Iglesia católica.
La abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, en entrevista para el podcast AHORA de Artículo 66, aseguró que el proceso judicial contra el sacerdote ha sido un montaje de la dictadura de Ortega, y con esta nueva arremetida mantiene «paralizados» a los líderes religiosos, quienes hasta la fecha no se han referido a la situación.
«Aunque él (padre Manuel García) se haya dejado provocar, porque es lo que le hicieron un montaje de provocación, entonces él fue víctima de esa provocación. Si sacó un machete, pero eso no fue delito, porque él nunca salió de la iglesia y ahora lo están acusando por un montón de delitos, nada de eso, es persecución a la Iglesia», dijo Núñez.
Noticia relacionada: Presentarán «nuevas» pruebas contra el padre Manuel García por supuesta «agresión»
Por su parte, Pablo Cuevas, presidente de Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH), calificó de «contradictorio» que el juez condenara al sacerdote García por los supuestos delitos de amenazas contra cinco personas debido a que «en el vídeo se aprecia que el padre estaba dentro de su propiedad, y si alguien trata de ingresar a mi propiedad yo tengo el derecho de procurar defenderme o evitar la violación de mi domicilio».
«Si somos objetivos quienes deberían estar siendo procesados son esas supuestas víctimas, porque intentaron violar el domicilio del sacerdote, hubo una violación de domicilio frustrada y fue frustrada por el actuar defensivo, racional del sacerdote, en este caso él sería la víctima», explicó Cuevas al equipo de Artículo 66.
Además, el defensor señaló que el juez encargado del proceso judicial contra el padre Manuel García, «nunca debió admitir el caso» porque la acusación no tiene claridad, no es precisa, ni concisa, muchos menos circunstanciada, que son requisitos de ley.
«Si la víctima dijo que no ocurrió esa violencia, bajo qué argumento van a sustentar la acción violenta, es determinante la declaración de la víctima, digamos es el corazón de la acusación, si la señora dijo en audiencia que ella no fue vulnerada por el sacerdote, el juez no debió haber admitido la acusación», resaltó.
«Es evidente de que hay una situación en donde hay una acción en manifiesto de la tríada del mal (Policía, Ministerio Público y Poder Judicial), que su único objetivo es mandar, castigar o premiar de acuerdo a la directrices de quienes gobiernan, aunque la ley diga lo contrario. Esto parece una obra teatral mal montada, ni siquiera se esmeraron en hacer una obra teatral de calidad», añadió.
Por su parte, Vilma Núñez sostuvo que esta «farsa judicial» contra el sacerdote García «es la muestra más grande de instrumentalización de desprestigio del Poder Judicial. Este Poder Judicial va a pasar a la historia como los peores de cualquier tiempo, eso no tiene pies ni cabeza».
La justicia de Ortega remitió a un segundo juicio oral y público al sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, en Nandaime; por el supuesto delito de agresión, pese a que la supuesta víctima de «violencia», Martha Candelaria Rivas Hernández, se retractó de la acusación que el régimen de Nicaragua le mantiene la causa abierta, señalándolo del delito.
De acuerdo con la información de LA PRENSA, la nueva jueza del caso, Ana Fonseca Laguna, aceptó que la Fiscalía presente más pruebas contra el religioso y programó el inicio del juicio para este primero de julio, ante el Juzgado de Distrito Especializado en Violencia de Granada.
El padre Manuel García recientemente fue condenado a dos años de prisión por el supuesto delito de amenazas con arma contra cinco personas.
