Los presos políticos y líderes opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Violeta Granera están a un día de cumplir un año de detención ilegal ordenado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El ocho de junio de 2021, la dictadura orientó los «secuestros», a solo cuatro meses de sus ilegítimas elecciones. Los tres activistas fueron condenados por el supuesto delito de «conspiración para el menoscabo a la integridad nacional».
La justicia orteguista impuso sentencias de 13 años contra los aspirantes a la Presidencia del país Chamorro y Maradiaga, mientras que Granera fue condenada a ocho años. Todos permanecen en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (ADJ) conocidas como «El Nuevo Chipote». Los rehenes de conciencia enfrentaron siete audiencias que, según sus defensores, estuvieron «plagadas de irregularidades».
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Actualmente, Granera, de 70 años, se encuentra presentando problemas de salud. Sus familiares denuncian falta de atención médica. La presa política ha presentado crisis de presión alta; padece problemas cardiacos y su cuerpo tiene manchas blancas y rojas.
Sus parientes reiteraron su preocupación por el estado de salud de la integrante de la Unidad Nacional y Blanco (Unab), ya que Granera les dijo que se siente débil físicamente, «que su cuerpo está deteriorándose y que hay mañanas en las que le es muy duro levantarse».
Chamorro y Maradiaga fueron condenados bajo juicios que según su abogado internacional Jared Genser estuvieron llenos de irregularidades entre las que se mencionan que los rehenes de conciencia tuvieron muy poco o ningún contacto con sus abogados.
El primer día del juicio, los presos pudieron hablar con sus abogados durante dos minutos antes de que comenzara el juicio, bajo vigilancia policial. Durante el proceso, fueron sentados separados de sus abogados para impedir cualquier comunicación. A los defensores también se les impidió dirigirse libremente al tribunal y se les negó hablar en varias ocasiones.
A Chamorro y Maradiaga «se les impidió hablar en cualquier momento de su juicio; solo se les permitió indicar “sí” o “no” con la cabeza e incluso fueron castigados por hacerlo con demasiado entusiasmo. El último día de su juicio, a cada uno se le permitió hacer una breve declaración de tres minutos, pero fue la primera vez que se les permitió hablar durante el proceso entero de siete días», declaró su defensor.
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Durante el juicio, la Fiscalía presentó a 27 agentes de la Policía como testigos en contra los siete presos políticos, incluida Violeta Granera. La única prueba que se les imputaba era su participación a un grupo de WhatsApp y unas entrevistas de televisión. También presentaron la supuesta evidencia material, incluyendo objetos que fueron obtenidos durante los allanamientos ilegales a las casas de los presos.
Las activistas Berta Valle y Victoria Cárdenas han denunciado el deterioro físico al que el régimen ha sometido a sus maridos, además de las torturas psicológicas implementadas en su contra. Aseguran que temen por la vida de los rehenes de consciencia.