El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ( Cenidh ) calificó como «un crimen» la cancelación masiva de personalidades jurídicas a organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. En lo que va del año 2022, el régimen de Daniel Ortega ha ilegalizado a más de 250 ONG.
El organismo, en un comunicado, señala que con estas acciones represiva la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo está impulsando una «destrucción del tejido social» en el país.
Destaca, que la dictadura orteguista con las ilegalizaciones «no solo viola el derecho a la libertad de asociación, sino que trastoca el plano individual, pues las víctimas directas de estas acciones perversas son las personas que eran beneficiadas por el apoyo de las oenegés ahora destruidas».
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«¿Cuántos niños, niñas, adolescentes se quedaron sin educación, sin la posibilidad de recibir atención médica, alimento, sin derecho a recrearse? ¿Quién les devolverá la sonrisa? ¿Cuántos ya no van a conocer ni desarrollar sus capacidades intelectuales, a través del arte, la cultura, la lengua? ¿Cuántos jóvenes en riesgo volverán al desamparo y a la calle?», cuestionó el Cenidh.
«¿Y las organizaciones defensoras de derechos humanos que tanto se necesitan hoy día? ¿Cuántas mujeres han quedado en indefensión, sin la oportunidad de sanar, empoderarse, reunirse, hacer valer sus derechos? Y nuestros bosques, nuestros cuerpos de agua, nuestros pueblos indígenas, ¿Quién los va a defender?», continúo.
De acuerdo con el Cenidh, con esta acción represiva la dictadura de Ortega profundiza el desempleo abierto y encubierto en Nicaragua, debido a que son miles de personas que son «lanzadas al desempleo, al hambre, al sector informal de la economía».
«Lo más grave es que la destrucción continúa, hoy (primero de junio) se introdujo una nueva iniciativa de ley para ilegalizar a otras 96 organizaciones sin fines de lucro, ¿Cuántas más hacen falta?», subrayó.
Además, aseguró que el régimen Ortega-Murillo pretende «desarticular a la sociedad nicaragüense y provocar la destrucción del tejido social con el afán de concentrar y, fortalecer su dictadura acaparar la cooperación internacional y usarla para seguir reprimiendo».
La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, desde finales de 2018 ha cancelado más de 300 oenegés alegando que han «transgredido e incumplido con sus obligaciones» ante la ley, por lo que «obstaculizan el control y vigilancia» de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.
«Llamamos a la población a no permitir más atropellos contra nuestros derechos, es momento de profundizar la lucha», concluyó la entidad.
