La mayoría de las personas presas políticas en Nicaragua son jóvenes. Según el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en el mes de abril se añadió al listado a una persona cuya detención tuvo lugar en noviembre de 2021, para un total de 182 presos y presas políticas (la cifra incluye 10 presos políticos capturados antes de abril de 2018).
«Del grupo de 172 presos y presas políticas del contexto de abril 2018, la mayoría (113) se concentra en edades entre 20 y 44 años que son edades consideradas laboralmente activas. 22 personas corresponden a edades de adultos mayores», destaca el documento.
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En ese rango de edad hay 113 personas detenidas en las diversas cárceles del país, la mayoría encerrados en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), «Jorge Navarro», conocido como «La Modelo», ubicado en el municipio de Tipitapa.
Al menos 76, del total de reos de conciencia están en SPN, 29 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como «El Chipote»; 18 en el penal de Waswalí en Matagalpa; 14 en el Sistema Penitenciario de Granada; 5 en La Esperanza; 4 en Estelí; 4 en San Carlos; 3 en Chontales; 1 en Nueva Guinea y 1 en Jinotega. También hay ocho reos en arresto domiciliario.
18 detenciones en aniversario de abril
El Mecanismo registró en el mes de abril que 18 personas fueron detenidas: 3 mujeres y 15 hombres procedentes de los departamentos de Chontales, Estelí, Madriz, Managua, Masaya, Matagalpa y Nueva Segovia. Entre las nuevas víctimas del régimen hay integrantes de organizaciones políticas o sociales, familiares de personas excarceladas políticas, personas excarceladas y músicos.
«Esta cifra de detenciones con posibles motivaciones políticas aumentó durante el contexto del aniversario de abril. El 50% de estas detenciones ocurrieron entre el 18 y 19 de abril y aunque la mayoría de personas fueron liberadas en los días posteriores, se tomó registro de algunas violaciones a sus derechos como golpes, interrogatorios extensos, amenazas de no participar en ninguna manifestación de abril, no devolución de pertenencias e incluso el destierro del país de cuatro personas que permanecían detenidas», señala el informe.
«El Chipote» opera de facto como cárcel de máxima seguridad
En el informe de abril, que actualiza la cifra de personas presas políticas, también incluye un análisis sobre el uso que el régimen Ortega-Murillo le ha dado a las celdas preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como «El Chipote». El documento detalla que 29 personas llevan 10 meses o más encerradas en el centro preventivo que es usado de facto como «cárcel de máxima seguridad».
«El “Nuevo Chipote” no cuenta con las condiciones adecuadas para albergar a personas por largos periodos de tiempo. Esto en términos de las dimensiones y condiciones de sus celdas, así como infraestructura necesaria para garantizar derechos a las visitas familiares, conyugales entre otras. Por esta misma razón, este complejo policial tampoco está regido por la normativa del Sistema Penitenciario Nacional, que garantizar el cumplimiento de ciertos derechos a personas privadas de libertad», denuncia.
Además, el informe revela que las condiciones que enfrentan las personas recluidas en la DAJ son muy similares a las que experimentan las personas presas políticas detenidas en celdas de máxima seguridad o de castigo en «La Modelo» u otros centro penales en el país.