Tras la aprobación de la reforma a la Ley Electoral, Kitty Monterrey, presidenta del extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), señaló que la modificaciones a la Ley 131 «están viciadas de origen» y con dichos cambios la administración de Daniel Ortega busca «ahorrar recursos, cada vez más escasos en una economía en crisis».
La dirigente política, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que «una reforma electoral que no garantice elecciones libres y transparentes no es una reforma, está viciada de origen. Además, es un reconocimiento legal del Estado policial, de la ausencia de votantes y del control discrecional de los funcionarios electorales sobre el proceso».
Este jueves, cinco de mayo, la Asamblea Nacional, controlada por los diputados orteguistas, aprobó una reforma a la Ley Electoral a pocos meses de realizarse las elecciones municipales de noviembre de 2022. La propuesta, presentada por la bancada de los 75 parlamentarios sandinistas, consiste en la modificación de 10 artículos: 16, 21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158 de la Ley 131.
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Según el documento, los cambios son para «agilizar» y «mejorar» diversos aspectos del proceso electoral en las votaciones municipales que se realizarán en menos de seis meses, entre ellos, cambiar los tiempos de las campañas, repartición de escaños y aumentar el número de electores por Junta Receptora de Votos (JRV).
Kitty Monterrey aseguró que en Nicaragua, un país donde está prohibido la libertad de expresión y las manifestaciones, el acortar el tiempo de la campaña electoral «facilita el control policial sobre cualquier expresión de disidencia, y no tiene efecto alguno en un sistema de partidos donde la oposición fue ilegalizada».
Subrayó que Ortega «se prepara para una altísima abstención» en la próxima jornada electoral de noviembre 2022, en los comicios municipales, por lo tanto ha buscado «aumentar de 400 a 600 el número de inscritos por JRV, ya que siguiendo el patrón de participación en las votaciones de noviembre de 2021, con 600 inscritos difícilmente alcanzarán 100 votantes por mesa».
El régimen al ampliar el número de electores en la JRV pretende vender la imagen de una mayor afluencia de votantes, ya que las elecciones presidenciales de 2021 fueron señaladas y criticadas por el bajo número de ciudadanos que dejaron las urnas vacías como forma de «resistencia ante el fraude electoral».
La reforma electoral también modifica el uso y aplicación de la tinta indeleble, que se impregnará en toda la yema del dedo y no como se venía aplicando en la base de la uña, permitiendo borrarse con mayor facilidad.
«De esta manera el régimen de Ortega ahorra recursos cada vez más escasos en una economía en crisis y fortalece su control sobre un proceso carente de sentido y credibilidad, que ha sido reducido a un mero trámite», finalizó Monterrey.
