A seis meses de los comicios municipales, los diputados sandinistas presentaron una nueva reforma a la Ley 331 para limitar el periodo de campaña electoral, estableciendo 30 días para las elecciones generales y 20, para las regionales y municipales.
Los funcionarios de Daniel Ortega y Rosario Murillo también buscan ampliar la cantidad de electores en una Junta Receptora de Votos pasando de 400 a 600 permitidos en cada JRV.
El régimen también les exigirá a los partidos políticos que, en un lapso de 15 días, presenten sus propuestas para la conformación de los Consejo Electorales Departamentales o Regionales, de lo contrario, el Consejo Supremo Electoral los nombrará de oficio.
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La Asamblea Nacional, coludida con el Ministerio de Gobernación, prepara la cancelación de otras 25 organizaciones sin fines de lucro, las que señala de incumplir las leyes al no reportar sus estados financieros en el tiempo establecido.
Entre las ONG que el régimen les cancelará la personalidad jurídica se encuentran el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) impulsada por los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA), así como la Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense o Resistencia Nicaragüense, ligada a los «Contras». También ilegalizará al Movimiento de Mujeres de Chinandega y la Asociación de Comisiones por la Paz de los Derechos Humanos (ACPDH).
La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) denunciará al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la IX Cumbre de las Américas que se realizará en los Estados Unidos, en junio. La organización opositora detalló que se abocará a los organismos internacionales de derechos humanos a fin de que programen visitas a Nicaragua y constaten la situación de las personas presas políticas.
Los periodistas nicaragüenses continúan sufriendo persecución, amenazas, censuras, expropiación de medios de comunicación, desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones, desde la brutal represión de 2018, denunció el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
En ocasión al Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización indicó que «el régimen pretende silenciar a la sociedad», mediante abusos y leyes represivas.
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Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Nicaragua en el puesto 160 de 180 países del mundo donde los periodistas viven una «situación muy grave».
El régimen de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense a dos rusos que laboran en el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, ubicado en Managua.
Los nuevos nacionalizados son el abogado Sergey Vitalievich Issers y la relacionista internacional Mariia Vladimirovna Belousova, a quienes se les otorgó el derecho por trabajar en la planta rusa construida en Nicaragua y por su permanencia continua en el territorio nacional, cuyo periodo no fue precisado por Migración. A la fecha, la dictadura les ha regalado la nacionalidad a cuatro colaboradores de la empresa.
A su vez, la Asamblea Nacional aprobó este martes la exoneración de visas para los diplomáticos de China, país con el que restableció relaciones en diciembre pasado.