La pruebas de abusos a los derechos humanos en Nicaragua que recopilará el grupo de personas expertas creado por Naciones Unidas ayudarán a «llevar ante la justicia a los autores de las graves violaciones cometidas en el país», explicó Alberto Brunori, representante regional para América Central de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
En declaraciones a Race & Equality (Raza e Igualdad), Brunori manifestó que la creación del grupo de tres personas expertas en derechos humanos del Mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua «supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas» desde abril de 2018.
Se trata de un mecanismo inédito para el país, el cual también puede relacionarse con otros organismos de derechos humanos, considerando que ya existe el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), establecido a partir de junio de 2018.
Los expertos se encargarán de reunir pruebas e identificar a los responsables, de manera que esta información pueda utilizarse también en futuras iniciativas de rendición de cuentas. También deberá formular recomendaciones que contribuyan a mejorar la situación de derechos humanos en el país y presentar un informe escrito al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2023, entre otras tareas, detalló el representante.
Añadió que estos expertos serán elegidos por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, por lo que «estoy convencido de que se tratará de profesionales con conocimiento del país y la región, con un profundo dominio del derecho internacional de los derechos humanos, y con la experiencia necesaria para afrontar una tarea delicada que contribuya a que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en Nicaragua obtengan justicia y reparación».
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Ante la posible negativa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de recibir a los investigadores elegidos por el organismo de derechos humanos, Brunori sostuvo que «la ONU cuenta con amplia experiencia en el monitoreo remoto».
«Los gobiernos deben saber que bloquear el acceso de los y las investigadoras puede entorpecer su trabajo, pero finalmente no va a detener los avances hacia la rendición de cuentas», agregó.
La investigación podría llevarse a cabo por medio de entrevistas (físicas y virtuales) con víctimas y testigos, y el análisis de documentación, puede realizarse una labor exhaustiva de investigación.
«El Gobierno debe saber que de esta crisis solo puede salir cesando inmediatamente la persecución contra aquellos sectores de la sociedad con los que discrepa, e incorporándolos al debate y a los ámbitos de decisión políticos», declaró el representante.