Circularon en medios de comunicación y redes sociales las primeras fotografías de cinco de los nueve presos políticos que están bajo arresto domiciliar, entre ellos la aspirante presidencial más popular Cristiana Chamorro; la diputada purgada de la Asamblea Nacional, María Fernanda Flores; y el comentarista político Jaime Arellano, bajo esa medida cautelar desde sus respectivos arrestos.
Los exdiplomáticos Mauricio Díaz y Edgard Parrales fueron enviados a sus viviendas después de meses en cautiverio en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Chipote», un sitio donde reciben torturas, según denuncias de sus familiares.
Todos los reos de conciencia están acompañados de oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y están fechadas 22 de abril de 2022.
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Chamorro es periodista y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). Le fue impuesta una multa de 1 millón 621 mil 586.85 dólares y 56 millones 961 mil 299.43 córdobas, correspondiente a «tres veces el valor del monto lavado», según la sentencia judicial a la que tuvo acceso Artículo 66. Fue condenada a ocho años de prisión. Era la candidata más popular y punteaba en las encuestas de intención de voto para vencer a Ortega en las urnas.
Díaz y Parrales fueron embajadores alternos y permanentes de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente. Ambos son analistas políticos, opinaban sobre el quehacer nacional y la política exterior de la dictadura de Nicaragua. También eran fuentes de consultas para los medios de comunicación independientes.
Díaz fue declarado culpable por «conspiración para el menoscabo a la integridad nacional» y condenado a nueve años de cárcel. Parrales aún enfrenta un juicio político en su contra.
María Fernanda Flores de Alemán, esposa del expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, está en arresto domiciliario desde su detención. Fue condenada a ocho años de cárcel por el supuesto delito de provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense, de conformidad a la Ley 1055.
La justicia de Nicaragua ha condenado a más de 30 presos políticos que fueron capturados entre mayo a noviembre de 2021, previo a la «farsa electoral» de Daniel Ortega. Los detenidos en esa redada corresponden a los rostros más visibles de la oposición nicaragüense.