El Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa Independiente de Nicaragua de la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) registró y documentó 175 ataques contra la libertad de expresión y a la libertad de prensa en los primeros 90 días del año.
El informe, presentado este jueves, 21 de abril; abarca las incidencias en los meses de enero, febrero y marzo de este 2022. En total se recibieron 78 denuncias: 18 en enero, 34 en febrero y 26 en marzo.
«Este periodo estuvo marcado por las condenas a Miguel Mendoza, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Juan Lorenzo Holman Chamorro, Lester Alemán y Samantha Jirón», señala el documento.
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El escrito retoma también la embestida del régimen Ortega-Murillo contra las organizaciones de sociedad civil que trabajaban en la defensa de la libertad de prensa y libertad de expresión como la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) y Pen Internacional Nicaragua. «Esto viola el derecho de asociación y criminaliza la labor de estas organizaciones», señala PCIN.
«En este periodo al menos 75 periodistas fueron agredidos; siendo hombres el 61.3 % y mujeres el 38.7 %. Los principales agresores señalados son: La Policía, el Poder Judicial, propagandistas oficialistas y personas afines al FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional). El hostigamiento (40 casos), la estigmatización (35), las agresiones físicas y verbales (17), las amenazas (13) y el acoso judicial (12) fueron los principales tipos de ataques en este periodo», añade.
Los efectos de las leyes represivas de Ortega
En un informe adicional de PCIN también analiza los efectos de las leyes represivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo como la Ley de Agentes Extranjeros; Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía. Dichas herramientas jurídicas fueron usadas por el régimen para perseguir, encarcelar y condenar a los opositores que criticaban la gestión de la pareja dictatorial.
«Las autoridades hacen lo posible por borrar a los medios independientes del espectro radioeléctrico. Las audiencias crecen en las plataformas digitales de los medios independientes que mejor aprovechan esta posibilidad», apunta.
En el caso de los clientes y anunciantes de los medios de comunicación, el documento destaca que ha ocurrido una pérdida generalizada. «El modelo tradicional de negocios ha quedado fracturado severamente. A las empresas y organizaciones civiles sobrevivientes les ha quedado claro cuán riesgoso es anunciarse en medios o programas independientes», refleja el informe.
«El tejido de fuentes para análisis, consultas, opiniones e informaciones ha sufrido un golpe recio en este periodo, y las han obligado a una estrategia de autocensura y al off-the-record. Los medios enfrentan el dilema legal que podría implicar una información imprecisa, inexacta o fuera de contexto», añade.
La nueva política del régimen también ha disminuido el trabajo colaborativo entre medios y periodistas, pero ha incrementado la oferta técnica y capacitaciones en la medida que la libertad de expresión ha empeorado.
«En este momento la cooperación internacional es fundamental para la sobrevivencia de medios locales y medios en el exilio. Los medios independientes intentan complementar sus ingresos con otras fuentes, pero los casos de éxito son pocos en este momento», finaliza.
