El régimen de Nicaragua le recordó al Gobierno de Colombia que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, es firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento.
El tribunal internacional falló a favor de Nicaragua y concluyó que Bogotá violó «la soberanía y la jurisdicción» de Managua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, y ordenó al país suramericano a «cesar de forma inmediata» su conducta.
Según una nota oficial del régimen Ortega-Murillo, estos fueron los cuatro casos en lo que Colombia violó la soberanía del Estado de Nicaragua: Interferir con las actividades de pesca, investigación científica marina y operaciones navales de Nicaragua en su zona económica exclusiva; intentar imponer medidas de conservación a los recursos naturales y medio ambiente marino de Nicaragua; autorizar actividades de pesca en la zona económica exclusiva de Nicaragua y emitir el Decreto Presidencial 1946 del 9 de septiembre de 2013.
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«La sentencia ha dejado en claro explícitamente que Nicaragua es el estado soberano para extender permisos de pesca, y cualquier permiso de exploración y explotación de los recursos en sus áreas, así como de conservar el medio ambiente marino de toda su zona económica exclusiva, entre otros, de acuerdo al derecho internacional, la Convención de Cartagena y el Protocolo relativo a las áreas y a la flora y fauna silvestres especialmente protegidas», reafirma Nicaragua.
«Nicaragua tomará los pasos necesarios para ajustar su legislación con respecto a sus líneas de base recta en el mar Caribe para que las mismas puedan cumplir a cabalidad con las recomendaciones del Alto Tribunal», añade.
La reacción de Colombia
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este jueves que su Gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país en el mar Caribe, ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia.
El agente de Colombia ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta, interpretó que el fallo en el que el tribunal le exigió a Bogotá «cesar de forma inmediata su conducta» en aguas nicaragüenses en el Caribe permite en realidad al país «mantener la libertad de navegación en la zona y la presencia de la Armada».
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En declaraciones a los periodistas a la salida de la CIJ, Arrieta explicó que en el veredicto de este tribunal hubo «un pequeño regaño por algunas operaciones de la Armada (colombiana) en alguna zona», pero entendió que el tribunal «consideró que no eran infracciones mayores de derecho internacional y no les atribuyó consecuencia alguna» para Bogotá.
El conflicto marítimo
Este caso tiene sus orígenes en un fallo de la CIJ emitido en 2012, por el que Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del cual también hacen parte los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla, Bajonuevo, Alburquerque, Cayo Este-Sudeste y Quitasueño.
Igualmente conservó doce millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar de zona económica.
Nicaragua denunció entonces ante la CIJ que Colombia había violado el derecho internacional por no aplicar esa sentencia porque su Armada hace operaciones en aguas caribeñas que no le corresponden y Bogotá expidió ese decreto que estableció una «zona contigua integral».
En respuesta, Colombia contrademandó a Nicaragua ante la CIJ alegando que ese país «ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales», pues quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior.
(Con información de EFE)
