Periodistas nicaragüenses rechazan amenaza de cárcel de Bukele contra sus colegas salvadoreños

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la noche del cuatro de abril una reforma al Código Penal que receta penas de 10 a 15 años de cárcel para medios y periodistas que «por medio del uso de Tecnologías de la Comunicación, medios radiales, televisivos, escritos o digitales reproduzcan mensajes originados o presuntamente originados por pandillas».

Abigail Hernández, directiva de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), señala que la decisión del Gobierno de El Salvador es alarmante y les preocupa el tema de seguridad para los comunicadores de ese país e hizo un llamado a la comunidad internacional para que centre su atención en lo que sucede en la nación centroamericana.

«Esto representa un peligro. Son prácticas que se están volviendo repetitivas. Nuestro mayor temor es que se vuelvan habituales en distintos países de la región y que el periodismo se convierta en blanco de persecución con el objetivo de callar voces y que los poderes del Estado quieran impedir una fiscalización y denuncia sobre casos de corrupción y violación de derechos humanos», afirmó.

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«Extendemos nuestra solidaridad con el gremio periodístico de El Salvador y le decimos aquí estamos para lo que necesiten. También nos sumamos a esos intentos de denuncia que están haciendo desde el día de ayer. Hacemos un llamado a la ciudadanía centroamericana a poner atención en los que representa la libertad de prensa y expresión cuando desaparecen los medios de comunicación», añadió.

El periodista Sergio Marín Cornavaca, director de «La Mesa Redonda», rechazó y condenó las pretensiones del Gobierno de El Salvador, en la persona del presidente Nayib Bukele, de criminalizar la labor periodística.

«Hay que notar que los regímenes autoritarios disfrazan eufemísticamente la voluntad férrea de acallar a los medios de comunicación llamándole de cualquier forma, eso lo hemos vivido en Nicaragua y ahora estamos viendo como en El Salvador se están replicando las mismas medidas que la dictadura Ortega-Murillo ha venido realizando con los periodistas», alertó.

«Debemos alertar a las autoridades de países de la región y a organizaciones de derechos humanos para que alcen la voz sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Definitivamente es una escalada en el intento de coartar la libertad de expresión de los salvadoreños y de judicializar y criminalizar el ejercicio de la labor periodística. Esto hay que rechazarlo y denunciarlo a nivel mundial», exhortó.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) considera que esta reforma amenaza con cárcel a medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad «que desde la actual administración, obsesionada con la propaganda y tergiversación, se busca esconder».

«Desde APES consideramos estas reformas como un claro intento de censura a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer», dijo en conferencia César Castro, presidente de APES.