El representante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Mcfields, denunció ante el Consejo Permanente del organismo que días antes de denunciar al régimen de Nicaragua habría abogado por la liberación de unos 20 presos políticos, del grupo de la tercera edad; pero «nadie me hizo caso. En el gobierno nadie escucha y nadie habla», afirmó el exfuncionario de Ortega en su intervención virtual en vivo con delegados de la entidad.
«Días antes de anunciar nuestro retiro de la OEA, tuvimos una reunión virtual con Cancillería y un equipo de asesores presidenciales. En esa
reunión sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merece especial consideración. Esto sería algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel siendo inocente o por falta de condiciones de salubridad mínimas o inexistentes. Nadie me hizo caso», refirió el embajador de Nicaragua.
Noticia relacionada: Luis Almagro felicita a McFields por denunciar al régimen de Ortega: «Esta es la posición éticamente correcta»
En ese sentido, añadió que «en ese momento se me dijo “no vamos ni a tomar nota de ese comentario porque podrías perder tu empleo y a
la derecha entre más se le da más quiere”. En el gobierno nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces, durante varios meses, pero todas las puertas se me cerraron».

En Nicaragua hay al menos 21 opositores detenidos mayores de 60 años que están viviendo una «crisis humanitaria», debido a su edad y condiciones de salud. «Si no tienen medicamentos (en la prisión), para nuestros presos mayores es de gravedad, porque por la edad ya no pueden resistir. Estamos ante una crisis humanitaria», denunció recientemente el dirigente de la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), Ulises Rivas.
Los opositores encarcelados con edad avanzada son víctimas de enfermedades físicas y mentales, como producto de un encierro que organismos humanitarios han calificado de «injusto». La AFPP asegura que los presos políticos sufren una «alarmante pérdida de peso, problemas en la vista o ceguera por la inadecuada iluminación en las celdas, problemas dentales a causa de la insuficiente alimentación, alteraciones en su metabolismo, alergias y otros problemas dermatológicos, secuelas por COVID-19, y afectaciones a su salud mental por el aislamiento».
Noticia relacionada: Jasson Salazar: «Todos los presos en grave situación de salud deben estar en sus casas»
La preocupación sobre los adultos mayores detenidos ha crecido tras la muerte del histórico combatiente sandinista Hugo Torres, de 73 años, que fue trasladado de prisión hacia un hospital donde falleció el pasado 12 de febrero bajo custodia policial a causa de una enfermedad aún no revelada por las autoridades.
Una semana después de la muerte de Torres, la justicia orteguista envió a sus casas, bajo detención domiciliar, a Arturo Cruz, de 68 años, aspirante presidencial de Nicaragua, al excanciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, y al exvicecanciller José Bernard Pallais Arana, de 68 años. Unos días después se unieron a ese régimen cautelar los encarcelados los exdiplomáticos Edgard Parrales, de 79 años, y Mauricio Díaz, de 71 años.
Según la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, los presos «mayores de 70 años o que padezcan de enfermedades crónicas o en fase terminal se les otorgará el beneficio del régimen de convivencia familiar, previa valoración del médico forense».