El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó una actualización sobre la situación de derechos humanos «en el contexto de impunidad» que vive el país bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La organización reiteró la necesidad de crear un mecanismo para la fiscalización en materia de alcanzar la justicia y reparación para las víctimas.
El Cenidh se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de la conferencia virtual que se realizó este 14 de marzo. La entidad regional considera necesario adoptar mecanismos extraordinarios de verificación y rendición de cuentas denunciando la situación de represión general y encarcelamientos arbitrarios que viven los opositores.
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El representante adjunto para América Latina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Andrés Sánchez, presentó una actualización oral de la situación del país a la CIDH denunciando que «en un informe presentado por la Comisión se le recomendó al Estado de Nicaragua que diseñe o aplique un plan de acción de rendición de cuentas y medidas que garanticen el acceso a la justicia y la reparación. La rendición de cuentas es el núcleo del Estado de derecho por lo tanto el gobierno tiene que rendir cuentas sobre las graves violaciones cometidas desde 2018».
Sánchez destacó la situación de los presos políticos que han sido sentenciados hasta con 15 años de cárcel e inhabilitados para ejercer cargos públicos solo por «ejercer sus derechos fundamentales». Añadió que la «conducta de los operadores de justicia siguiendo la narrativa gubernamental y dejando de lado su deber de cumplir la Ley es un factor definitivo para mantener esta impunidad».
La ONU insiste en que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de «garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas en la búsqueda de no repetición, persistiremos en esta demanda, la responsabilidad de los actores materiales de los graves delitos cometidos debe ser determinada», dijo el representante.
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Por su parte, la CIDH lamentó que el régimen mantenga una «ausencia preocupante» en materia de derechos humanos considerando la negativa de Daniel Ortega en la «grave violación a los derechos». Las organizaciones defensoras habían extendido su invitación a la dictadura de Nicaragua.
La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, señaló que en la situación de las personas presas políticas existe una «grave impunidad. Todo está armado para impedir que se sepa la verdad de lo que ocurre y garantizar la impunidad es lo que ellos quieren», manifestó la defensora.
En la audiencia comparecieron las organizaciones peticionarias Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Instituto sobre Raza, Igualdad.