La justicia de Daniel Ortega llega a su séptimo día de juicio político contra extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), a quienes se les procesa arbitrariamente en la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua. El juez Noveno de Distrito Penal de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García, es el encargado de llevar el caso contra cinco presos políticos.
Los acusados por la Fiscalía son la aspirante presidencial y representante de la Fundación, Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios, directivo de la FVBCH; Walter Gómez y Marco Fletes, administrador financiero y contador, respectivamente; y Pedro Vásquez, conductor de Cristiana.
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La hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Gómez y Fletes están siendo acusados por gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos, todos estos delitos habrían sido cometidos a través de la FVBCH.
Mientras que a Pedro Joaquín lo señalan de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, delitos también cometidos desde la organización. A Vásquez la justicia orteguista lo acusa de colaborador necesario para el delito de lavado de dinero, bienes y activos.
La acusación también incluye al periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana; los extrabajadores de la FVBCH Guillermo Medrano, Lourdes Arróliga y Ana Elisa Martínez. Los cuatro acusados que no están detenidos se encuentran en el exilio ante la inminente amenaza de captura en su contra.
«Farsa judicial»
El maratónico juicio —considerado espurio e ilegal por defensores de derechos humanos— inició el tres de marzo. Antes de este día, se han celebrado seis audiencias, la antepenúltima, celebrada el nueve, finalizó casi a la medianoche.
Ante esta «farsa judicial», a como califican opositores el proceso, el Centro, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) demandó la libertad inmediata para los prisioneros de conciencia.
«#SonInocentes, las pruebas policiales no demuestran la comisión de ningún delito», señaló la organización de derechos humanos a través de su cuenta de Twitter, seguido de la etiqueta: LosDelincuentesSonLosOrtegaMurillo.
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«El Cenidh condena el actuar del Poder Judicial, al servicio de la dictadura. Quieren criminalizar a toda costa a inocentes. Exigimos libertad inmediata para todas las personas presas políticas”, agregó el el Cenidh en otro tuit.
De los nuevos reos políticos detenidos entre mayo y noviembre de 2021, más de 30 han sido condenados por jueces orteguistas. Las sentencias impuestas van de los ocho a los 13 años de cárcel.