La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) condenó las detenciones contra seis periodistas independientes del país. Enfatizaron en la situación que enfrenta el periodista Miguel Mendoza, asegurando que se trata de un intento del régimen por «desacreditar y criminalizar el trabajo de los hombres y mujeres de prensa».
«Rechazamos la sentencia de manera arbitraria que la justicia orteguista ha impuesto en contra de nuestro colega Miguel Ángel Mendoza, miembro de nuestra organización. Es inocente y es un periodista que a través de sus redes sociales ha expresada su rechazo al actuar violento de un régimen que intenta arrebatarle a la ciudadanía su indiscutible derechos a la libertad de expresión», destaca la primera parte el documento emitido por el organismo este primero de marzo
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Recientemente, la justicia de Ortega judicializó y condenó por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» al periodista deportivo Miguel Mendoza. El Ministerio Público llevó al menos 30 publicaciones de Twitter y Facebook que el cronista compartió en contra de la dictadura de los Ortega-Murillo.
PCIN añade que «por asumir la responsabilidad de denunciar en favor de los intereses ciudadanos, en los últimos tres años, Miguel ha sido víctima de amenazas, persecución, robo, secuestro, tortura, separación familiar y retardación de justicia. Nuestro colega es una más de las víctimas del régimen, como lo ha sido también Ángel Gahona, en cuyo nombre seguimos exigiendo justicia», expresa el comunicado.
La asociación denuncia que el caso de Mendoza es uno más de otros cinco periodistas que se encuentran como rehenes del régimen Ortega-Murillo, «entre las víctimas también se encuentran Cristiana Chamorro, Juan Lorenzo Holman, Samantha Jirón, Miguel Mora y Jaime Arellano; personas relacionadas con la comunicación y representantes de la diversidad de voces que participan en la democratización de la palabra, así como el pluralismo de medios de comunicación que aportan a la democratización de Nicaragua».
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A su vez exigen al régimen que libere a los periodistas encarcelados y en cese a la persecución contra quienes asumen el derecho a informar. Solicitan que se devuelvan los medios confiscados desde el inicio de las protestas cívicas en Nicaragua durante el 2018, así como el cese a las acciones que afectan el derecho a la comunicación.
«Rechazamos los simulacros de juicios promovidos por el régimen en contra de las personas mencionadas y denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que esas acciones corresponden a una estrategia de descredito, amenazas constantes, persecución y criminalización del trabajo de los hombres y mujeres de prensa», afirma la organización que considera que esta arremetida contra la prensa independiente se debe a que «han asumido un rol beligerante de fiscalización del poder estatal».