Con la frente en alto y segura de su inocencia respondió Tamara Dávila Rivas a los «verdugos» del régimen de Daniel Ortega quienes después de siete días de maratónico juicio político en «El Nuevo Chipote» la declararon culpable de supuesta «conspiración para el menoscabo a la integridad nacional». La Fiscalía del régimen pide ocho años de prisión para la lideresa de la oposición de Nicaragua.
Ese mismo fallo recibieron seis dirigentes más. A los tres aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, la activista Violeta Granera, el exdiputado José Pallais y el empresario José Adán Aguerri también se les dictaminó culpables del mismo delito. El veredicto fue dictado por el juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno el 23 de febrero de 2022.
Dávila, después de conocer la decisión que tenían asumida de anticipado, reiteró su inocencia y dijo que su «único “delito” ha sido ejercer mi derecho a defender derechos y denunciar las injusticias. Por ello he sido perseguida y detenida ilegalmente. Tenía más de seis meses de estar siendo vigilada permanentemente por la Policía. A pesar de no oponer resistencia, el día de mi detención, me golpearon en la cara varias veces hasta hacerme sangrar. Apenas llegué al Chipote tuve que ser llevada a enfermería».
La integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) fue detenida de manera arbitraria el 12 de junio de 2021, cuando efectivos de la Policía al servicio de la tiranía Ortega-Murillo allanaron su vivienda sin orden judicial. Desde entonces, se encuentra en prisión y solo ha recibido cinco visitas en más de 200 días de encierro. La dictadura ni siquiera le permite tener comunicación telefónica con su hija menor de edad.
«Tengo más de ocho meses de estar en una celda sellada, en completo aislamiento, en donde me pasan la comida y medicinas por una pequeña escotilla. Yo estoy presa ilegalmente, han violado todos mis derechos, exijo que no se los sigan violando a mi hija de cinco años. No la castiguen, ella tiene derecho de ver a su madre y tener la certeza de que estoy viva, esto está establecido en las leyes de Nicaragua y convenciones internacionales de protección de la niñez», exigió la opositora de 41 años.
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Tamara Dávila demandó a la justicia orteguista que le permitan ver a su hija y comunicarse con ella regularmente, que cese el aislamiento de todos los prisioneros políticos y que pongan un alto a las torturas psicológicas.
«Estoy en tal aislamiento, que fue el martes 15 (de febrero), cuando inició el juicio, la primera vez en más de ocho meses que comí con alguien. Esto es tortura, exijo que se restituyan mis derechos», subrayó la rehén de conciencia, a través del mensaje que divulgó su familia a través de las redes sociales.
Asimismo, solicitó «que le devuelvan a mi familia el diario donde he documentado la vida de mi hija desde que estaba embarazada y que han usado de evidencia en este juicio. Ahí esta escrita la memoria y la vida de una niña. No pueden violar su privacidad de esta forma».
Dávila Rivas recalcó que seguirá defendiendo los derechos humanos y que su perseverancia para que Nicaragua alcance libertad, justicia y democracia no cesará. Los familiares de Rivas cerraron el escrito con las etiquetas de #LibertadYa #NoMásAislamiento #QueLesPasenUnaCobija, mismas peticiones que sostienen los parientes de los más de 170 presos políticos.
Tamara Dávila es una psicóloga feminista que desde 2018 participa activamente en movimientos de protesta y solidaridad. A lo largo de los últimos tres años ha sido detenida en varias oportunidades, golpeada, amenazada y mantenida en un constante hostigamiento por fuerzas policiales o paraestatales.