Max Jerez es el segundo líder estudiantil y miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) en ser condenado por la justicia de Daniel Ortega. La jueza del Segundo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, le dictó sentencia de 13 años de prisión al joven opositor, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Tardencilla es la misma judicial que declaró culpable y dictó la sentencia a Lesther Alemán, quién pasará 13 años en la cárcel; el joven de 24 años convertido en uno de los rostros de la oposición más conocidos por increpar a Daniel Ortega durante el primer Diálogo Nacional en el 2018, en el que le gritó una frase que le significaría la peor afrenta al dictador: «¡Ríndase!».
La justicia nicaragüense condenó a Jerez por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», bajo la Ley 1055, Ley de Soberanía; normativa que utiliza el régimen de Nicaragua para tildar de «traidores de la patria» a los opositores.
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La audiencia se celebró el 11 de febrero en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote» en Managua, donde el rehén del régimen de Nicaragua está cautivo desde el cinco de julio de 2021.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha calificado estos procesos contra los presos políticos como una farsa judicial, viciados y cargados de irregularidades. Pese a este escenario hostil, se conoció que Jerez se mantuvo firme exigiendo libertad para Nicaragua.
En la totalidad de los juicios políticos celebrados contra los rehenes de conciencia, desde el primero de febrero hasta la fecha, los testigos han sido oficiales de Policía, que argumentan que los opositores «atentaron contra la patria» y las pruebas que ha presentado la Fiscalía son entrevistas a medios de comunicación, publicaciones en redes sociales y mensajes de texto.
AUN cataloga de «farsa» todo el proceso judicial contra su dirigente. El joven opositor, este lunes, está cumpliendo 231 días desde que fue detenido arbitrariamente en una casa de «seguridad».
La justicia de Ortega, desde el primero de febrero, ha declarado culpables a más de 20 reos de conciencia por supuestamente «conspirar contra el Estado de Nicaragua»; también ha condenado a más de 10 presos políticos entre 8 y 15 años de cárcel.
