Rosario Murillo, vocera del régimen de Nicaragua, arremetió una vez más contra los nicaragüenses opositores y los señaló de «imponer» el odio en el país, con relación a las protestas antigubernamentales de abril 2018; y aseguró que con amor su administración ha vencido «al demonio y al odio».
En su intervención meridiana de este 14 de febrero a través de los medios oficialistas, Murillo afirmó que «con amor hemos sabido trascender (…) el odio, el odio que nos quisieron imponer y cómo nos sentíamos de extrañados, de asombrados cuando de repente estalló el diablo, el demonio, el odio de tantas formas impredecibles, unos días antes; pero bueno sabemos que con amor vencemos, que con amor podemos, que con amor vamos adelante».
La vicemandataria «no olvida» el estallido de abril, protestas cívicas a las que el régimen respondió con balas, secuestros y encarcelamientos. Murillo, en ocasiones anteriores, ha dicho que aunque no quiera recordarlo debe hacerlo para que no vuelva a «repetirse».
En abril 2018, la población nicaragüense se levantó y protestó pacíficamente, exigiendo la salida de Rosario Murillo junto a Daniel Ortega del poder. Sin embargo, la pareja presidencial se encargó a través de grupos de choques, la Policía y paramilitares de reprimir las manifestaciones dejando un saldo de más de 300 muertos, miles de heridos y ciudadanos forzados a migrar a otro país.
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Actualmente, hay más de 170 personas presas política por oponerse a su gobierno, en especial, por brindar declaraciones sobre las acciones internacionales contra Daniel Ortega.
«El amor es más fuerte que cualquier forma de desfiguración, de vendepatrismo, de odio», concluyó la primera dama, en su alocución de un poco más de 15 minutos.
Al régimen se le acusa de «matar» al general de brigada en retiro y preso político, Hugo Torres. La oposición apunta en contra de la administración orteguista por negarle la atención médica e impedir el cambio de régimen carcelario. Igualmente, se le señala como el responsable de crímenes de lesa humanidad. En el contexto de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atribuyó 355 asesinatos, siendo el Estado el señalado de esas muertes.