Después de tres meses que habían pausado los procesos judiciales contra los presos políticos detenidos en «El Chipote», la Fiscalía informó que retomarán los casos contra más de 30 opositores que fueron detenidos entre mayo y diciembre de 2021, previo y posterior a las votaciones generales donde Daniel Ortega y Rosario Murillo se entronizaron en la Presidencia de Nicaragua. Los juicios «orales y públicos», que se realizan a puertas cerradas, iniciarán este martes, primero de febrero.
«… dándole cumplimiento a los plazos legales y a la programación de las correspondientes agendas judiciales, se realizarán los juicios orales y públicos, de los acusados que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial y de aquellos que se encuentran con arresto domiciliar», subraya el comunicado 1-2022 de la institución.
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La Fiscalía ya juzgó a los detenidos y los acusa de «criminales y delincuentes» por haber «atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad». Además, los señala de haber promovido «actos terroristas» en 2018 y «dirigir» un «golpe de Estado» contra la dictadura nicaragüense de Ortega y Murillo.
Los reos de conciencia son incriminados por la Fiscalía de supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal por el delito de «menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos»
«Han alterado la paz y tranquilidad de las familias nicaragüenses, creando zozobra y lesionando los intereses supremos de la nación. Han realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua y han incitado públicamente a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionado bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, incluso, una vez más, han realizado llamados a la intervención armada de potencias extranjeras como los Estados Unidos de Norteamérica», indica la nota oficial.
Expertos han cuestionado la demora de los casos penales contra las personas presas políticas, pues los deja en indefensión a los detenidos y da tiempo a los fiscales del Ministerio Público para «montar» las pruebas que inculpen a los opositores.
Familiares de los detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) han denunciado los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos sus parientes. Reciben mala alimentación, soportan frío, han perdido peso, desarrollaron enfermedades carcelarias, no les permiten material de lectura, son sometidos a interrogatorios extensos, están aislados e incomunicados.