El régimen de Daniel Ortega mediante dos acuerdos presidenciales otorgó una prórroga de dos años para la suspensión de la veda forestal para el corte, aprovechamiento, transporte y comercialización de los árboles de pino, cedro real y pochote. Ortega autorizó en todo el territorio nacional la tala de esos árboles hasta en áreas protegidas. El plazo es prorrogable.
El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, denunció que el régimen Ortega-Murillo levantó la veda de árboles para «seguir con el saqueo de nuestros bosques». Estas órdenes de suspensión fueron ratificadas en el decreto 01-2022 publicado en La Gaceta Diario Oficial.
La justificación es que «el Instituto Nacional Forestal (Inafor) presentó un estudio e investigación con la finalidad de brindar recomendaciones con fundamento técnico, basado en el estado poblacional de las especies pino, cedro real y pochote; a través de levantamiento de información con parcelas circulares, aplicación de encuesta a actores claves y consenso realizado en la Comisión Municipal Forestal (Comufor), Comisión Departamental Forestal (Codefor) y Comisión Regional Forestal (Corefor), que ayudaron a valorar la suspensión de la veda de estas especies».
Noticia relacionada: Régimen de Nicaragua castiga a la UCA por «no someterse al adoctrinamiento estatal»
Añaden que «la suspensión de la veda de las especies cedro real y pochote ha contribuido a dinamizar las actividades económicas del sector, el mejoramiento del nivel de vida de la población, la generación de empleos directos e indirectos y la sostenibilidad del recurso forestal».
Noticia relacionada: Unab exige a la OEA que cese las prórrogas y actúe contra el régimen de Ortega
El régimen permitió la tala de pino mediante el acuerdo 02-2022 estableciendo que «se suspende en todo el territorio nacional, incluyendo las áreas protegidas, la veda para corte, aprovechamiento, transporte y comercialización de árboles de la especie pino (Pinus sp) por el período de dos años, el que podrá ser prorrogable, teniendo como soporte los estudios y recomendaciones técnicas y administrativas presentadas por el Instituto Nacional Forestal (Inafor) con la aprobación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)».
